Los créditos refinanciados, preocupación de la troika en su nueva visita a España
Las primeras reuniones con las entidades han sido mucho más «distendidas» que en ocasiones anteriores
María jesús pérez
Vuelve la troika. Los inspectores del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea visitan, por cuarta vez, a la banca española con el objetivo de realizar sobre el terreno una nueva evaluación de los resultados del programa de ... rescate al sector. Así, ayer daban comienzo sus primeras reuniones en la sede del Banco de España, con representantes de Bankia, Unicaja Banco y Liberbank. En la agenda, dos cuestiones que trasladarán igualmente al resto de las entidades financieras con las que igualmente se reunirán hasta el próximo día 20: el impacto en los resultados de los créditos refinanciados y si la fluidez del crédito es o no ya una realidad.
Fuentes presentes en las primeras reuniones coinciden en señalar que las conversaciones han sido mucho más «distendidas» que en ocasiones anteriores, y que se percibe en los «hombres de negro» enviados por las autoridades europeas bastante más confianza en sus interlocutores españoles. Hoy, será el turno de NovagaliciaBanco, Cajamar, Bankinter y Banco Popular. Mañana miércoles, pasarán por el número 48 de la madrileña calle Alcalá, los representantes de Caja3 e Ibercaja (fusionados) y Ceiss (el banco producto de la fusión de Caja Duero y Caja España). El jueves 19 de septiembre, será el turno de CatalunyaCaixa, Sabadell, Kutxabank y Santander. El último día, el viernes 20, Caixabank, BBVA y BMN.
A partir del próximo día 23, comenzarán las reuniones de los técnicos de la troika con el Gobierno. Los informes preliminares de esta visita se esperan para el próximo 30 de septiembre y el informe definitivo, a primeros de noviembre. Y es que en la reunión del Eurogrupo y del Ecofin de noviembre se decidirá si España debe o no prorrogar más allá de diciembre el rescate de hasta 100.000 millones que pidió a Europa en junio de 2012.
Pero a pesar «del buen rollo» que parece existir en esta última inspección, las «dudas» siguen presentes. Y es que los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) son uno de los asuntos sobre la mesa que la troika (FMI, BCE y CE) discutirá tanto con los representantes de las entidades bancarias como con el Gobierno español, que pretende hacer una reforma para evitar que los bancos españoles necesiten otros inyectar capital adicional para provisionar ese posible impacto negativo en sus resultados.
La reforma que prepara el Gobierno para que los DTA acumulados por los bancos españoles puedan ser computados como capital permitirá a las entidades «salvar» esos miles millones de euros (se estima un mínimo de 50.000 millones) que, de otro modo, se verían obligadas a recaudar en el mercado a través de ampliaciones de capital. Gran parte corresponden a las provisiones del ladrillo realizadas a raíz de las dos reformas financieras consecutivas impulsadas el año pasado por el ministro de Economía, Luis De Guindos.
Según los analistas de Ahorro Corporación, a cierre del año pasado, el saldo de DTA netos entre los grandes bancos cotizados es de 16.900 millones de euros para el Santander, amortizables a un año; de 7.000 millones para BBVA (1 año); 4.600 millones para CaixaBank (3 años); 3.200 millones para el Popular (4 años); 4.000 millones para el Sabadell (6 años); y 123 millones para Bankinter (0,4 años).
Los DTA son derechos que las entidades tienen frente a Hacienda y que se pueden realizar de dos modos básicamente: o incurriendo en pérdidas deducibles, o generando gastos que no son fiscalmente deducibles inmediatamente como son las provisiones para cubrir posibles pérdidas futuras, y que se han incrementado significativamente por las dos reformas financieras consecutivas impulsadas el año pasado por el Gobierno actual.
Recordar que el año pasado, a través de dos decretos ley, Guindos obligó a las entidades financieras españolas a elevar las provisiones sobre los activos inmobiliarios adjudicados y sobre los créditos concedidos a promotoras, tanto morosas como al corriente de pago, lo que llevó al sector a realizar unas provisiones adicionales de 84.000 millones de euro s. Así, si el banco no incurre en pérdidas reales en estas provisiones, Hacienda no las devuelve sino que se guarda ese derecho para el futuro, de tal forma que pasan a ser deducibles en el impuesto de Sociedades de ejercicios futuros. Sin embargo, la nueva regulación de Basilea III obligará a que estos DTA no sean considerados como recursos de capital.
Para paliar esta situación, el Gobierno quiere poner en práctica una solución ya vista en Italia. Ésta pasa por dar a los DTA la consideración de créditos fiscales a descontar en Hacienda, para que sí puedan ser considerados como capital por Basilea III. En principio, este cambio fiscal no produciría ningún incremento en el déficit público, aunque sí produciría un impacto en el caso de que la entidad entrara en proceso de liquidación.
El informe preliminar, el 30 de septiembre
Los informes preliminares de esta cuarta visita se esperan para el próximo 30 de septiembre y el informe definitivo lo conoceremos a primeros de noviembre. De la situación que se desprenda en este informe, se determinará si se prorroga el programa de ayuda al sistema financiero español. La decisión de la prórroga dependerá de lo que determinen los ministros de finanzas de la Eurozona, reunión que tendrá lugar en noviembre.
El ministro de Economía, Luís de Guindos, no considera necesaria la prorroga, pero la Comisión Europea entiende que debería mantenerse algún tipo de mecanismo por si la banca española necesitara inyecciones de capital adicionales después de la pruebas de esfuerzo a la que será sometida en 2014. Los últimos informes de la troika han sido favorables y han determinado que no eran necesarias nuevas inyecciones de capital más allá de los 41.300 millones que se han utilizado.
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