Las empresas renovables ven «inviable» el autoconsumo tras la reforma energética

La que constituía una de las principales aspiraciones del sector y que lleva desde hace años formando parte de la agenda del Gobierno, aunque sin llegar a materializarse, resultará «penalizada», según estas organizaciones, por el elevado coste de los requisitos que se impondrán a estas instalaciones. Entre ellos, se encuentra la exigencia de pagar « peajes de respaldo », que podrían elevarse hasta los 9 céntimos kW(kilovatio)/hora, o la de instalar un doble contador, cuyo precio supera el del panel solar, según explicó la directora general de Ecooo , Cote Romero, en declaraciones recogidas por Efe.

Además, la regulación que haría más atractivo el autoconsumo, el decreto de balance neto, no se ha incluido en la nueva normativa. Esta propuesta permitiría a los consumidores volcar la cantidad sobrante de energía a la red eléctrica y, con ello, detraer, a lo largo del año, una cantidad equivalente de su consumo convencional. Al mismo tiempo, el incremento de la parte fija del recibo de la luz, frente al descenso del término de energía, encarecerá más esta opción. «Es como si por producir y consumir mis propios tomates (que ni siquiera los comercializo) tuviera que pagar», señalaron desde la cooperativa EnerPlus .

Como también se puso de relieve el pasado lunes, en unas jornadas organizadas en Madrid, la reforma energética ha suscitado una fuerte oposición en todos los ámbitos del sector . También entre algunos inversores extranjeros, ya escaldados por las anteriores medidas aprobadas en el ámbito energético. De hecho, con el propósito de clarificar la situación, Soria y Guindos mantuvieron ayer en Londres varias reuniones entre inversores y analistas para explicar la reforma energética.

Ajuste de 4.500 millones

Esta batería normativa incluye un ajuste de 4.500 millones de euros anuales . De ellos, 2.700 millones serán asumidos por las compañías, 900 millones por el Estado por medio de los Presupuestos Generales y 900 millones correrán a cargo de los consumidores, mediante la subida de los peajes presentes en el recibo de la luz. De manera paralela, entre otras medidas, se fijará un sistema automático para evitar la aparición de nuevos desajuses.

Aprobada en Consejo de Ministros este mes, la norma consta de diez días de plazo para presentar alegaciones. Una decisión que tampoco gusta a las organizaciones de consumidores: Facua denunció en un comunicado que «los representantes de los consumidores tengan sólo diez días para valorar trece normas sobre electricidad, un sector esencial para la ciudadanía».

Por ello exigió al Ejecutivo la ampliación del periodo facilitado para evaluar las medidas, pese a que «duda de que las observaciones pertinentes presentadas vayan a ser tomadas en consideración y critica que los trámites de audiencia del Consejo Consultivo de la Electricidad sean considerados como puro trámite».