Daños arqueológicos colaterales en Colombia

La historia de este asunto, la del galeón «San José», ha hecho protagonista a Colombia de la lucha judicial, y legislativa, más larga de Occidente por evitar el despojo de un galeón frente a los cazatesoros: más de 30 años. Ha sido una lucha donde han concurrido todo tipo de valores, pero la pugna se ha sostenido con éxito hasta los tribunales norteamericanos donde aún se espera una sentencia de apelación. Los cazatesoros plantearon una demanda llena de acusaciones de corrupción y una reclamación que supera el botín del mayor expolio imaginado: 17.000 millones de dólares . Esto está sirviendo para presionar a Colombia y obligarle a adoptar una legislación arqueológica nacida para ser el negativo de la Convención Unesco. Esta norma, auténtica síntesis de las posiciones del sector cazatesoros, resulta i ncapaz de garantizar las consecuencias científicas mínimas en la intervención sobre un yacimiento, ni que los criterios arqueológicos primen sobre los meramente extractivos. Evita someterse a parámetros internacionales concretos, limitándose a alegaciones genéricas sin virtualidad práctica.

El proyecto no explica qué sucede con los pecios de los buques de Estado, por ejemplo los galeones españoles, sobre los que existe inmunidad soberana reconocida internacionalmente. Si Colombia pretende dar una respuesta, en solitario, al problema del legado submarino hispánico en aguas de las naciones que surgieron del imperio español, pone en riesgo ese enorme patrimonio histórico en el resto del mundo. La inmunidad soberana, por muy incompleta que nos resulte , hasta ahora ha sido el mecanismo más efectivo de preservación del patrimonio histórico sumergido hispánico.

Las decisiones de Colombia tienen efectos globales . Lo cuestionable es que el destino de un patrimonio histórico, en definitiva de la humanidad, esté prisionero de una veintena de nacionalismos a uno y otro lado del Atlántico y de sus gestores políticos, y que en lugar de servir de punto de encuentro de unas sociedades civiles perfectamente maduras y capaces de hacerse cargo moral y científicamente de esos yacimientos, estos deben someterse a su dispersión comercial por voluntad política.