Operación Rocket
El club del marido de la exalcaldesa de Peñarroya, investigado por enriquecimiento ilícito
Los agentes rastrean el uso de más de 821.117 euros en efectivo de su equipo de baloncesto, que movió más de un millón de euros en cuatro años
El juzgado que lleva la instrucción de la «operación Rocket», contra supuestas irregularidades en los Miner, ordenó que se investigaran las cuentas del Club Polideportivo Peñarroya, que preside Amado Gallardo, el marido de la exalcaldesa, ante los indicios encontrados por la Guardia Civil de presunta «malversación» y «enriquecimiento ilícito», que se expresan en un informe y varios anexos redactados por los agentes que llevan la fase de diligencias previas. El documento no llega a unas conclusiones finales, al constituir una parte de la investigación que está en curso, pero sí establece elementos de sospecha sobre las finanzas de la entidad entre los años 2007 y 2011 que levantaron las alarmas de los miembros de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado. El juez que lleva el caso autorizó, a petición de los agentes, que se reclamase a la entidad deportiva, decana del baloncesto en la provincia de Córdoba, todos los documentos contables en el mismo auto en que dio su visto bueno a las tres detenciones con las que se conoció el caso.
Previamente a requerir la contabilidad, los agentes realizaron un examen de toda la información bancaria y tributaria disponible del Club Polideportivo Peñarroya, bien por los registros de la entidad financiera con la que trabaja —la cuenta se halla a nombre del marido de la dirigente socialista y de un tercero, de forma mancomunada—. Según los documentos a los que ha tenido acceso ABC, los movimientos de cuenta reflejan «que entre 2007 y la actualidad», la entidad deportiva recibió ingresos en cuenta por 1.017.185,34 euros mientras que los adeudos fueron de 1.016.024,87. Los agentes reseñan que «llama poderosamente la atención que de este total de adeudos, 821.117 euros se corresponden a disposiciones en efectivo».
Los investigadores de la Guardia Civil aseguran que necesitan investigar a fondo al club baloncestístico porque el 82 por ciento del dinero manejado se ha hecho en metálico «lo cual resulta claramente distinto del comportamiento habitual y, además, facilitaría el enturbiamiento de sus finanzas». En el momento en que se redactó el documento , los investigadores descartaban —por una ausencia de patrón en la retirada de fondos— que la diferencia entre el millón de euros de retiradas de fondos y los 78.315 euros en gastos a proveedores declarados —por medio de los trámites reglados de Hacienda— obedezcan a nóminas de personal que trabaje para la entidad deportiva.
La principal financiación del club deportivo —cosa que puede parecer lógica— procede del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. En total, y durante el periodo estudiado (la mayor parte del cual los principales responsables de la institución pública y de la organización deportiva eran marido y mujer), los agentes reseñan entregas de dinero de 272.000 euros por diversos conceptos, unos relacionados con las práctica del deporte y otros no. Se trata de 31.720 euros, como si el gobierno municipal de la localidad del Guadiato se hubiera hecho cargo de otros gastos de actividades programadas por éste a pesar de que ya estaba sufragándole iniciativas. Según la documentación contable, existe un patrón de comportamiento en las cuentas del club peñarriblense que los agentes verifican.
En concreto, cada vez que se produce un ingreso por parte del Consistorio, se realiza una disposición de fondos en efectivo. Los agentes de la UCO detallan en su informe que, desde que se produjo el cambio de gobierno en el Ayuntamiento en 2011, «solamente se observa una disposición en efectivo superior a 3.000 euros». Por cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, las entidades financieras tienen que identificar a todos los clientes que retiren fondos en billetes por encima de esa cantidad.
La entidad recibió dinero de Cajasur, al menos, de 2009 a 2011 por cantidades nada desdeñables. Más de 20.000 euros anuales para la financiación de las cuestiones propias y patrocinios. La exalcaldesa Luisa Ruiz fue consejera de administración de la entidad financiera, precisamente, entre los años 2009 y 2010, en la etapa final de la gestión de la caja de ahorros. El Banco de España la sancionó con 10.000 euros por las deficiencias en la gestión de la entidad. Ante el poco tiempo que estuvo en los órganos de poder de la caja, es también de las exdirectivas con una sanción menor que, en cualquier caso, fue ratificada por la Audiencia Nacional junto al resto de consejeros «políticos».