3.000 euros por la pérdida de un hijo

Más de tres años después, el Ministerio de Justicia, tras sendos informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, acaba de reconocer que hubo un «funcionamiento anormal de la Administración de Justicia» y concede a Antonio 3.389 euros de indemnización. «No se le puede poner precio a lo que me ha ocurrido, pero ya me he gastado más de 30.000 euros intentando localizar a mi hija», declara el padre de Isabel a ABC.

Madrileño de 50 años, Antonio es profesor de música en el Conservatorio de Salaman ca. Allí se enamoró de Keiko Yamaguchi, una joven japonesa que estaba aprendiendo nuestro idioma en la ciudad castellana. Antonio, que por entonces hablaba algo de japonés por su admiración hacia la cultura del país del sol naciente, fue su cicerone. Fruto de esta relación, el 1 de octubre de 2006 nació en Madrid Isabel Shiori. Sus padres se habían casado un mes antes.

Pero el matrimonio se resquebrajó a pasos agigantados. El 21 de mayo de 2008 Antonio presentó una demanda de divorcio en los juzgados salmantinos y solicitó la retención del pasaporte de su hija y que solo pudiera salir de España con autorización judicial. Temía no volverla a ver porque estaba seguro de las intenciones de su ya exmujer. En un principio le denegaron estas medidas pero recurrió y la Audiencia Provincial sí las adoptó. Si Keiko quería sacar a su hija del territorio nacional necesitaba el permiso del padre o del juez. Se acordó que el juzgado notificaría esta resolución a la Policía de Fronteras, para que impidiera la salida ilegal del país, y al Consulado de Japón, para que no emitiera un duplicado del pasaporte de la menor.

El 27 de julio de 2009, Keiko se presentó en el juzgado y solicitó el pasaporte de la niña «para irse de vacaciones a Japón», según consta en las diligencias del caso, pero el juez no le dio permiso. Ella tenía la guardia y custodia y Antonio un régimen de visitas diario, además de cargar con todos los gastos de su exmujer, que carecía de medios económicos, y de la niña.

El 24 de agosto fue la última vez que Antonio vio a su hija en Salamanca. Al día siguiente, cuando constató que la niña y la madre habían desaparecido, presentó varias denuncias y consiguió que se dictara una orden de captura internacional contra su exesposa , pero esta medida se tomó quince días después de la ausencia de su niña, demasiado tarde. «No me hicieron ni caso», dice un apenado Antonio.

La Policía ha averiguado que Keiko compró por internet dos billetes de avión de Air France. Aunque no se sabe el destino ni la fecha de los vuelos, no cabe duda de que madre e hija se fueron a Japón. Tanto la Policía de Fronteras como el Consulado nipón han acreditado que no recibieron de los juzgados orden alguna respecto a Isabel Shiori, por lo que su madre se la llevó sin impedimentos. El informe del Consejo General del Poder Judicial sostiene que «el motivo de la disfunción descrita se debió a que la Oficina Judicial no dio curso a los referidos oficios o que su remisión se realizó irregularmente» .

Lo que hizo Keiko Mizoguchi está tipificado como un delito de sustracción internacional de menores, pero en su país está totalmente amparada. Japón no ha suscrito en Convenio Internacional de la Haya para devolver a menores en esta situación y cuando una ciudadana japonesa llega al país con su hijo no hay vuelta atrás.

Antonio Blanco no se dio por vencido. El año pasado gastó todos sus ahorros para pagarse una estancia de seis meses en Japón. Contrató a un abogado y localizó a su hija. A través de los letrados de ambas partes consiguió visitas aisladas a Isabel en un punto de encuentro y con testigos, pero la madre incumple el pacto continuamente. «En los seis meses que estuve allí conseguí ver a mi hija cuatro veces», se lamenta.

Este verano regresó a Japón y logró ver a la niña otras cuatro veces, «pese a que habíamos pactado que en mis estancias allí podía estar con mi hija seis horas diarias en 2012, ocho horas diarias en 2013 y traerla de vacaciones de verano a España en 2016», denuncia. Antonio se queja de que lo dictado por un juzgado de familia en Japón es papel mojado, «porque la madre lo incumple y no pasa absolutamente nada».

Las escasas visitas han sido complicadas para Antonio. Su hija es muy pequeña -acaba de cumplir seis años- y casi ha olvidado a su padre: «La primera vez que me vio este verano reaccionó medio asustada, creo que la madre la ha puesto en mi contra. Poco a poco hay miradas, muecas... hasta que consigo que juegue conmigo. Al final estaba encantada y hasta habló un poco de español» , rememora este padre coraje.

Antonio está colaborando con otros progenitores en situación similar a la suya para poner en marcha una asociación en el país asiático que defienda sus derechos. «Hay multitud de padres japoneses que tampoco pueden estar con sus niños. Allí el que tiene la custodia impide que la otra parte los vea, y la Justicia no hace nada». No sabe cuándo volverá a ver a Isabel, pero ya cuenta los días que faltan.