El extravío catalán

Las voces disonantes son inevitables, y hasta comprensibles, pero no alterarán lo esencial: el camino a transitar colectivamente en las próximas décadas se está fijando en estas semanas. Situarse fuera de su lógica es echarle un pulso a un portaaviones, una insensatez imperdonable. Y eso, precisamente, es lo que ha decidido hacer el gobierno de Cataluña creyendo que practica el habitual tira y afloja de alcance doméstico.

Ni Artur Mas ni su consejero candidato al Nobel de Economía han sabido leer el zeitgeist. Contaban con buenas bazas: un gobierno central poco amigo de trifulcas y abierto a tomar en consideración la reforma del sistema de financiación catalán que todos llaman «pacto fiscal». Sabían perfectamente, y hay pruebas innumerables de ello, que esa reforma debería esperar, para su puesta en marcha, a que despejaran los nubarrones de la crisis. Lo mejor que Artur Mas podía hacer por Cataluña era tender la mano a Mariano Rajoy, mostrarse constructivo, colaborar, negociar con discreción y aparecer en su momento como uno de los vencedores, porque la crisis, tarde o temprano, se acabará. Junto a la defensa eficaz de los intereses de Cataluña, el presidente de la Generalidad tenía otras razones para comportarse así: está la lealtad institucional, pero también la respuesta justa a las garantías ofrecidas por el presidente Rajoy para impedir la quiebra de Cataluña, materializadas en forma de anticipos, fondos para el pago a proveedores, concesión a Cataluña del mayor límite de endeudamiento de todas las comunidades autónomas o puesta en marcha de un Fondo de Liquidez Autonómico que ha de aportar de entrada al Principado más de cinco mil millones de euros, en su mayor parte destinados a afrontar vencimientos de deuda.

Pero Artur Mas ha optado por la hostilidad, por pedir el rescate del FLA advirtiendo que no admitirá condiciones, algo que, además de saber imposible, reconoce inadecuado desde el momento en que CiU dio sus votos a una ley que prevé controles muy estrictos. Ha preferido exigir el pacto fiscal a gritos, alentando la manifestación separatista del próximo martes, convocada por una Asamblea Nacional Catalana cuya mera existencia pone en tela de juicio la legitimidad del parlamento de Cataluña.

El primer fruto -venenoso- de la estrategia de enfrentamiento ha sido la calificación como bono basura de la deuda catalana. Las razones argüidas por la agencia Standard & Poor’s son inequívocas: la exigencia del pacto fiscal puede provocar tensiones con el gobierno central. El consejero Mas-Colell se declara «perplejo»: «¡S&P usa argumentos políticos!». Así que se puede optar al Premio del Banco de Suecia ignorando que la estabilidad política es lo primero que mide un análisis de consultoría estratégica. Medio gobierno catalán desfilará el martes bajo el lema «Cataluña, nuevo Estado de Europa». Preveo el entusiasmo de Bruselas.