¿Qué son los «lobbies» y qué poder tienen en España?

En un sentido amplio son «lobbies» desde las grandes empresas hasta una pequeña asociación de amas de casa. En un sentido estricto, solo aquellas personas cuya profesión es el hacer presión, que normalmente pueden identificarse con las grandes empresas de un país: inmobiliarias, bancos, eléctricas...

Los profesionales del «lobby» tratan de seguir la acción de los Gobiernos que puedan afectar a su cliente y ganarse su favor. Deben saber dónde llamar, con quién hablar y en qué momento del proceso legislativo han de intervenir para defender a sus clientes. En su cara más oscura, estas prácticas pueden suponer donaciones clandestinas a los partidos políticos y todo tipo de favores.

El último informe de Transparencia internacional , « Dinero, Política y Poder: Un riesgo de corrupción en Europa», pone de manifiesto un déficit de transparencia en la toma de decisiones y en la financiación de los partidos políticos europeos. 19 de los 25 países entrevistados por esta organización aún tienen que establecer una regulación en materia de «lobbying» y sólo 10 prohiben las donaciones políticas anónimas.

Es nuestro país, las donaciones anónimas a los partidos políticos quedaron prohibidas en 2007 , pero antes suponían millones de euros cada año. Por ejemplo, CIU (Convergencia y Unió) , percibió casi 42 millones de euros en donaciones anónimas de los 100.293.543 euros que «se donaron» en ese concepto todos l os partidos políticos españoles entre 1987 y 2007, según el Tribunal de Cuentas.

Además, en España los movimientos políticos de estas organizaciones son un misterio. Todo el mundo puede intuir quienes son y cual es su influencia, pero en realidad no existe constancia alguna de cuanto dinero mueven ni hacia quien lo mueven.

Para arrojar lago de luz sobre su actividad, el grupo parlamentario mixto presentó en marzo una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para la puesta en marcha de un Registro y Control de «lobbies» o grupos de interés, al igual que ya existe en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Canadá.

Es ya la cuarta vez que en España se intenta regular la actividad de representación de intereses. La proposición esta vez fue aceptada y el Gobierno debería presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley para su registro y control.

Según el último «Índice sobre percepción de la corrupción» (IPC) publicado por la Organización Transparencia Internacional , España queda desplazada al puesto 31 con una nota del 6,2 del 0 al 10, por detrás de Estonia o Chipre (países menos corruptos que nosotros).

El IPC mide el grado de co rrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 1 0 (ausencia de corrupción) y 0 (muy corrupto). Desgraciadamente, España ha ido cayendo en el ranking desde el año 2004, cuando ocupábamos el puesto 23 con 7,1 puntos. Es decir, desde entonces es cada vez más corrupto.

Es cierto que la palabra «lobby» tiene connotaciones negativas en nuestro país, pero en realidad la labor de influir en la política desde fuera de ella no es negativa ni ilegal. El problema es que si no se regula esta actividad, es fácil que las conductas de estas organizaciones se vuelvan oscuras y sospechosas.

La prueba es que existen países donde la actividad de estos aparatos es mucho más voluminosa que en España y que, sin embargo, son «menos corruptos» que nuestro país. Es el caso de R ein o Unido (puesto 16), C anadá (puesto 10) o E stados Unidos (puesto 24).

Aunque no existen cifras exactas, se calcula que en Europa los «lobbies» mueven más de 1.000 millones de euros anuales , especialmente en la capital de Europa. Si Washington es la capital mundial del «lobbing», Bruselas es la sede europea. Según el Registro de transparencia de Lobbies , hay 5120 organizaciones operando en la capital europea, que dan trabajo unas 30.000 personas.

Este registro de carácter voluntario , creado por la Unión Europea en 2008, se inauguró con la inscripción de la empresa española Teléfonica. Hoy ya hay 239 entidades domiciliadas en España inscritas en él. Entre las entidades podemos encontrar empresas como Repsol, Endesa o Mercadona; Universidades, cómo la de Vigo o la de Granada; Colegios Profesionales como el Colegio de Abogados de Madrid o entes políticos como la Chunta Aragonesa.