El juez ejecuta el embargo de siete inmuebles de Parla

Entre los bienes embargados, según consta en el auto al que ha tenido acceso ABC, se encuentran dos quioscos (La Liebre y La Iglesia), el local número 17 de la Galería de alimentación Burgos, varios sótanos en la calle Fuentebella, dos locales en los números 44 y 46 de la misma dirección, así como unas fincas rústicas en la zona conocida como Cerro del Castro. La elección de estas propiedades obedece a una lista que el Ayuntamiento envió al juzgado con los bienes que podían ser susceptibles de retener. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el Consistorio que dirige José María Fraile «ocultó» a la justicia la propiedad de otras 110 parcelas urbanísticas para que no se les pudieran quitar.

La maniobra del equipo de Gobierno llegó a oídos de los responsables de Servidrive S.L. que, inmediatamente, pusieron los hechos en conocimiento del juez, ya que los siete inmuebles anteriores no cubrían el total de la deuda que tiene con el Ayuntamiento. El magistrado, ante el cariz que han tomado los hechos, acaba de dictar una providencia para que el Consistorio presente una certificación que acredite si esos terrenos son bienes patrimoniales. Según ha podido saber ABC, la mitad de estas parcelas se encuentran en el conocido como PAU 5, donde los responsables del Gobierno parleño tenían previsto proyectar un futuro desarrollo industrial. En caso de que el juzgado demuestre la titularidad municipal de las mismas, estas podrían acabar en manos de Servidrive y echar por tierra el proyecto de José María Fraile.

Esta compañía, asimismo, presentó un escrito de unos 60 folios donde detalla y demuestra, pormenorizadamente, que estas parcelas pertenecen al Ayuntamiento de Parla. En dicho documento, además, refleja las «malas artes» del equipo de Gobierno socialista, que se negaba a abonarles la deuda con el pretexto de que no tenía dinero, cuando en realidad estaba pagando a otros acreedores. El escrito de la procuradora de la empresa es bastante duro. En él se detalla cómo el Consistorio pudo actuar «de una forma fraudulenta y con mala fe» al incumplir las resoluciones judiciales, por lo que «podría estar incurriendo en un posible delito de prevaricación».

Entre esos pagos a otras empresas, cita los 300.000 euros que se han abonado a la compañía que se está encargando en la actualidad de gestionar las instalaciones deportivas de la localidad (Parla Sport 10), o los 275.000 euros que ha pagado a la empresa responsable de la recogida de basuras (Himalaya).

En relación al «ocultamiento» de las 110 parcelas, la empresa acreedora vuelve a acusar al ayuntamiento de posibles delitos de «fraude y prevaricación» por ocultar a la Justicia una larga serie de terrenos y locales municipales que no menciona la interventora pero que sí podrían ser embargados para saldar la deuda. Así, Sevidrive se basa en datos del Registro de la Propiedad para señalar una decena de locales y más de 100 parcelas que el Ayuntamiento tiene repartidas por todo el término municipal, sobre todo en zonas como el PAU-5, La Laguna, Leguario Sur o Parla Este, y que suman cerca de 640.000 metros cuadrados.

Mientras, los vecinos de Parla asisten a un proceso en el que ven cómo el Ayuntamiento está perdiendo su patrimonio por culpa de la deuda que arrastra y que amenaza con llevarle a la quiebra. Todo ellos se hacen la siguiente reflexión: Si esto pasa con una deuda de 4 millones, ¿qué puede pasar si otros acreedores como Valoriza —a la que el propio Fraile ha reconocido por escrito que le debe 80 millones de euros más intereses— o Tranvía de Parla —a la que le debe 50 millones según la propia empresa— siguen el mismo ejemplo y deciden acudir a los juzgados para embargar más bienes al Consistorio? El equipo de Fraile, mientras, cruza los dedos.