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Los gestores de Nóos facturaron al Instituto 1.700.000 euros cuando ya no funcionaba

Los investigadores sospechan que utilizaron este método para vaciar de fondos el instituto

Día 10/12/2011

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Las investigaciones por el «caso Nóos» son una fuente de sorpresas. Los responsables del instituto no solo se contrataban a sí mismos a través de las mercantiles que controlaban, sino que, además, por medio de estas, presentaron y habrían cobrado facturas por un importe global de más de 1.700.000 euros en 2007, cuando la entidad sin ánimo de lucro ya no tenía actividad alguna. Los encargados de las pesquisas, a la espera de analizar toda la información disponible, están convencidos de que estas personas actuaron de esta forma para vaciar de fondos la asociación con el objetivo de apoderarse de ellos.

El análisis de las operaciones realizadas por Nóos, que de 2004 hasta 2006 estuvo presidido por Iñaki Urdangarín y cuyo gerente era Diego Torres, pone de manifiesto que desde 2004 hasta 2007 —ese año hay una factura pagada por la Fundación Illesport de más de 580.000 euros— las administraciones autonómicas valenciana y catalana abonaron 5.800.000 euros, en números redondos.

Menos de 2.000 euros

Además, según la documentación aportada por la Agencia Tributaria en poder de los investigadores, las compañías de las que son propietarios y administradores Torres y el Duque de Palma recibieron prácticamente esa misma cantidad, con una diferencia de menos de 2.000 euros a favor de las empresas. La mayoría de los pagos corresponderían a recibos presentados entre 2004 y 2006, pero llama poderosamente la atención que haya también cinco facturas fechadas en 2007, por un importe global de 1.700.000 euros aproximadamente. Hay que recordar que ese año el instituto ya no tenía actividad alguna, tal como se desprende del testimonio de varias personas, por lo que no parece lógico que se le facturen trabajos.

De esa cantidad, Nóos Consultoría Estratégica S.L. y De Goes Center for Stakeholder Managment S.L., ambas controladas por las dos personas ya citadas, cobraron más de 850.000 euros, mientras que sociedades propiedad de Diego Torres en exclusiva recibieron otros 685.000.

Según las fuentes consultadas por ABC, existe la sospecha de que para apoderarse de los 1.700.000 euros se utilizaron facturas falsas o por un importe muy superior al trabajo realizado realmente. De hecho, aclarar este extremo es una de las principales líneas de investigación actualmente en marcha.

Al margen de todo ello, lo sucedido ese año de 2007 resulta muy llamativo. El Instituto Nóos envió a Gran Bretaña otros 420.000 para pagar unos servicios de asesoría jurídica y contable, precisamente el mismo concepto por el que otra de las mercantiles controladas por los ya citados envían al Reino Unido 50.000 euros. Todas estas operaciones están bajo la lupa de los encargados del caso, que no descartan irregularidades en las mismas.

Pero el análisis de las operaciones realizadas por Nóos y las citadas empresas también revela que se habría producido entre ellas un trasiego de facturas, algunas de ellas sospechosas de ser ficticias o en su caso abultadas de forma artificial para aumentar los gastos de unas u otras sociedades con una finalidad fiscal. Es decir, los investigadores creen que según convenía se engordaban los gastos de una determinada empresa para pagar menos impuesto de sociedades.

En las actividades de Nóos hay, no obstante, más puntos oscuros. En los dos convenios firmados con Baleares se recoge que esa entidad se encargue de la búsqueda de patrocinadores para completar el presupuesto necesario para la celebración de los congresos. Pues bien, en efecto esas gestiones se realizaron y desde 2004 hasta 2007 obtuvo casi cinco millones de euros.

Dado que Nóos es una entidad sin ánimo de lucro, los fondos que recibe, sean privados o públicos, deben destinarse a la asociación. Sin embargo, el análisis de las operaciones con terceros revela que el dinero presuntamente fue desviado a las sociedades controladas por los responsables del instituto. Además, la declaración de una de las personas que buscaba esos patrocinios, trabajo por el que cobraba el diez por ciento del acuerdo, es contundente al afirmar que gran parte de esa cantidad la aportaron empresas privadas para los congresos de Valencia y Palma de Mallorca. Esos pagos tenían que haberse comunicado a los gobiernos de Valencia y Baleares para que el gasto para las arcas públicas hubiese sido menor.

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