El «lavado» de los diamantes de sangre

En 2003, bajo el amparo de Naciones Unidas, Global Witness y la industria del sector, se puso en marcha el Kimberley Process Certification Scheme , un sistema diseñado para dotar a los consumidores de plenas garantías de que los diamantes que adquieren no financian conflictos armados en el continente africano. Sin embargo, las miserias encubiertas del grupo regulador en torno a estas piedras, que representan tan sólo el cuatro por ciento del total del mercado (0,1%, según la industria), continúan.

Se trata, en primer lugar, de un sistema 100% subjetivo . A comienzos del mes de noviembre, el grupo regulador (quien apenas basa su control en un par de visitas guiadas al año) legalizó el comercio de diamantes procedentes de Zimbabue. Y ello a pesar de que el pasado año Human Rights Watch denunció la participación de las fuerzas armadas en el trabajo forzoso de niños en las minas de Marange, al este del país. De igual modo, y según la organización, a finales de 2008 los militares asesinaron a más de 200 personas en una violenta toma de estos campos.

Los diamantes contribuyen, además, a la financiación de regímenes autoritarios. Como señala Kenneth Good en su obra « Diamonds, Dispossession and Democracy in Botswana », aunque es cierto que este sistema de catalogación ha evitado el consumo masivo de este tipo de gemas de conflicto (en la década de los 90, su demanda correspondía al 15% del total facturado), también ha provocado un claro vacío informativo sobre la miseria social que en los últimos años atraviesan estos países. En la actualidad, Botswana cuenta con los depósitos más lucrativos del planeta. De hecho, la mina de Orapa era tan rentable que la principal compañía dedicada a su comercio, De Beers , fue capaz de recuperar su inversión en los dos primeros años de explotación; aunque su población apenas se beneficiara de esta panacea.

Una situación similar a la de Angola . Durante la guerra civil que asoló el país africano entre 1975 y 2002, el grupo rebelde Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola logró controlar la venta de entre el 60% y el 70% de las gemas que se exportaban desde la región. Las cifras son concluyentes: sólo durante el periodo comprendido entre los años 1992 y 1998, la guerrilla acumuló, gracias al negocio de los diamantes, ingresos por 3.700 millones de dólares para sus actividades políticas y militares.

Sin embargo, en 2002, la presión de la comunidad internacional condujo a la implantación de medidas destinadas a acabar con el tráfico ilegal de diamantes . Por lo que, una vez evaporada su financiación, el conflicto tocó a fin. Su monopolio pasó entonces al gubernamental partido Movimiento Popular de Liberación de Angola -en el poder desde 1975-, lo que ha desembocado en un milagro empresarial, que apenas ha tenido repercusión en la economía civil. Desde 2002, los ingresos gubernamentales por su comercialización se han triplicado, pasando de los escasos 45 millones de dólares de finales de la guerra a cerca de 165 millones en 2007 . Y ello gracias a que Angola produce entre el 70 y el 80% de los diamantes de mayor calidad, los de tipo gema.

Porque si a finales de la década de los 90 el principal «pecado» de la industria del diamante era su servidumbre hacia el aparato financiero de las guerrillas africanas , en la actualidad, su criminalidad está asociada a la falta de garantías humanitarias de los trabajadores en las minas. Y esto, no debe ser para siempre.