Fracasa la «amnistía laboral» del Gobierno

Cuando el mes de mayo el Ejecutivo se decidió a hacer frente al empleo sumergido en España concedió tres meses, hasta el 31 de julio, para que los empresarios que ocupaban a trabajadores de forma ilegal les regularizaran solicitando la afiliación y/o alta a la Seguridad Social. Estas situaciones no serían objeto de sanciones y los nuevos contratos que se realizaran podrían formalizarse en cualquiera de las modalidades contractuales que existen en la legislación laboral.

Una vez concluido el proceso de regulación voluntaria se endurecerían las sanciones a las empresas infractoras —las multas podrían llegar a multiplicarse incluso por cinco—, a las que se impediría acceder a bonificaciones en los planes de empleo. A partir de ese momento, la inspección de Trabajo dirigiría sus esfuerzos a luchar contra el empleo irregular , que según los cálculos del colectivo de técnicos de Hacienda (Gestha) se sitúa en torno a los 82.500 millones, casi el 8% del PIB.

Estos planes iban acompañados del compromiso del ministro Valeriano Gómez de informar en septiembre de los resultados del plan. Pero a día de hoy, ni se ha informado del plan ni se a facilitado dato o orientación alguna sobre cuáles han sido los resultados, que fuentes consultadas por ABC califican de nulos. «Los datos todavía se están recopilando», es la respuesta recibida en Trabajo cuando se ha solicitado un balance. De lo que sí esta informando periódicamente el Gobierno, prácticamente todas las semanas, es de las sanciones administrativas aplicadas a las empresas por ejemplo, por impago de cuotas.

Este periódico ha consultado fuentes de la patronal, de los sindicatos y de los autónomos sobre los resultados de la «amnistía laboral» y la respuesta ha sido la misma: no conocen ningún caso ni tienen datos oficiales u oficiosos. Tampoco el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se ha referido a este asunto en sus periódicas explicaciones sobre el aumento o descenso de la afiliación. Cuando, por ejemplo, explicó el aumento en 50.773 afiliados registrados en julio, se limitó a decir que el alza era «propio de esta época verano» y que ese mes «se había comportado como en ejercicios precedentes» .

El decreto-ley de Medidas para la Regularización y Control del Empleo Sumergido establecía que para regularizar el empleo sumergido, los empresarios debían solicitar el alta en la Seguridad Social de los trabajadores en situación irregular e ingresar las cotizaciones atrasadas, cuyo pago podía ser aplazado. Además, debía formalizar a esos trabajadores un contrato indefinido o temporal con una duración superior a seis meses.

En cuanto a las multas, el incumplimiento de la obligación de afiliación y alta a la Seguridad Social se castiga como mínimo con 3.126 euros (frente a los 625 anteriores) y con 10.000 euros como máximo (antes, 6.250). Cuando se compatibilice el trabajo con el cobro de prestaciones de paro u otras de la Seguridad Social incompatibles, las sanciones serán de entre 10.001 euros (ahora 6.251) y 187.515 (se mantiene el máximo). Los empresarios que incurrieran en infracciones graves perderían las ayudas, bonificaciones y beneficios de los programas de empleo y no podrían ser contratados tampoco en un futuro por las administración pública.

El decreto también fija que los empresarios que contraten o subcontraten obras o servicios, deberán comprobar antes la correspondiente afiliación a la Seguridad Social de sus trabajadores.