El destrozo de la joya de Boadilla
Un informe técnico destapa los daños ocasionados por la SGAE en el histórico Palacio del Infante Don Luis. ABC recorre su interior
Hacía años que las puertas del Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, declarado Monumento Nacional en 1975, no se abrían para nadie. ABC se ha adentrado en el interior de esta joya del siglo XVIII, catalogada Bien de Interés Cultural (BIC) como Conjunto Histórico-Artístico, para comprobar el estado en que se encuentra. El resultado es desolador: suciedad por doquier, agujeros que traspasan suelos, paredes y techos; escaleras derruidas, puertas resquebrajadas e irrecuperables; zanjas en los jardines; restos de hogueras de obreros, ... cualquier espacio es una trampa fatal para aquel que recorra esta instalación.
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Para el Ayuntamiento de Boadilla, el responsable de este estropicio es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) , quien recibió la concesión del mismo en 2006, a nombre de Eduardo Bautista, para la «íntegra rehabilitación, conservación y mantenimiento de la misma con el fin de desarrollar actividades socioculturales» durante 75 años. Así lo hacía constar en el pliego de condiciones su dueño, el Consistorio, regido en aquel entonces por Arturo González Panero, implicado en el «caso Gürtel».
Proyecto «desfavorable»
Sin embargo, el proyecto de reforma de la SGAE en el palacio fue considerado «desfavorable» por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid en 2009. Su directriz hizo finalmente que se revocara la concesión a la Fundación Autor (SGAE), quien, tras seis meses de litigios, entrega las llaves de esta malograda edificación en noviembre de 2010, dejando el palacio en pésimas condiciones.
En el recorrido de la que fuera residencia del antiguo Infante don Luis de Borbón, nos acompaña el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, quien se muestra indignado ante la estampa actual de su monumento. «La Fundación Autor estaba transformando la edificación. Han realizado perforaciones sin saberse la finalidad , al margen de las catas arqueológicas, e incluso quitaron una escalera sin permiso», anuncia mientras muestra sendos ejemplos.
Por lo pronto, después de que la SGAE abandonara la instalación, el Consistorio tuvo que realizar una reforma de urgencia, en dos días, en las fachadas y los ventanales para evitar un deterioro mayor. «Habían roto los cristales y los marcos de las ventanas se caían», apunta González Terol.
Informe técnico de daños
Cuando el palacio vuelve a manos del Ayuntamiento de la localidad en enero de este año, el Área de urbanismo elabora un informe técnico donde evalúa los daños.
En el mismo se habla de «estado general de suciedad, deterioro y abandono tanto del interior como de los accesos al mismo»; «catas sin reposición de los materiales posteriormente»; «prospecciones y excavaciones arqueológicas en el exterior, en sus jardines y debajo de la fuente sin la debida protección que evite riesgos de caídas a las mismas»; «total abandono y deterioro en grado excesivo en las carpinterías de madera y vidrios ... que generan una situación de peligrosidad por caída de material tanto a la vía pública como al interior de la finca». Explica incluso que existen «bajantes exteriores de evacuación de aguas pluviales » donde falta «algún tramo para llegar al vertido libre que separa las aguas del edificio. Se ha picado el revestimiento o revoco del edificio, sin reposición del mismo actualmente». Considera también la escalera demolida «sin tomar medidas de protección de caídas y distintos huecos en similar estado». Por último, se refiere a «instalaciones eléctricas que discurren por fachada» y la peligrosidad que entrañan. Después de que el TSJM declarase la nulidad de la concesión en septiembre de 2010, la SGAE alzó un recurso pidiendo que se le indemnizaran por todos los gastos invertidos, que eleva a 4.115.842,80 euros.
Lo que se exigía
En la décima cláusula del pliego de condiciones de la concesión se detallan las obligaciones del adjudicatario. En el artículo segundo habla de que ha de mantener «en buen estado del dominio público utilizado y, en su caso, las obras e instalaciones que se realicen, en perfecto estado de conservación, siendo de su cuenta exclusiva todos los gastos y responsabilidades inherentes a este deber de conservación». En la duodécima repite: «Siendo de su cuenta todos los gastos necesarios para la adecuada realización de sus actividades».
En su recurso, la SGAE habla de que ha invertido «considerables recursos humanos y materiales a consecuencia de la concesión administrativa otorgada y abruptamente extinguida». No tiene en cuenta que en el pliego de condiciones, firmado por ambas partes, se detalla que la concesión queda condicionada a la obtención del informe favorable del órgano competente, de acuerdo con la legislación sobre Patrimonio Histórico y Artístico, algo que no ocurrió. Su proyecto —presupuestado en 30 millones de euros— suponía, según la institución regional, « la destrucción total o parcial de elementos arquitectónicos y arqueológicos » protegidos al ser considerado BIC.
Este palacio ha visto pasar muchas guerras. Ahora le toca la batalla de las cifras entre la SGAE y el Ayuntamiento, quien espera reformar esta joya por fases. «Necesita una gran inversión y con la crisis supone un gran esfuerzo», sentenció el regidor municipal. El año que viene destinarán una partida de 400.000 euros para la fachada.
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