ETA atentará si Bildu no logra otro «proceso»

Desde que en febrero de 2009 comenzaron a detectarse los primeros movimientos hacia una «apuesta por las vías exclusivamente políticas», en ninguna de las comunicaciones internas entre ETA y Batasuna interceptadas, los Otegi y compañía plantearon a la banda la exigencia de que se disuelva sin condiciones. Simplemente se limitaron a pedirle un «alto el fuego permanente y real» . Esto es, que haga una parada estratégica para que en la actual coyuntura la «lucha armada» quede relegada en favor de la «lucha política e institucional». Ya lo dejó claro Arnaldo Otegi durante el juicio por «Bateragune»: «ETA sobra y estorba» en la actual estrategia, pero ni se cuestiona su pasado criminal, ni le exige que desaparezca sin antes lograr la independencia.

Los expertos subrayan que la estrategia actual de Batasuna va orientada a forzar la apertura de un nuevo «proceso democrático» —el definitivo, dicen—. Esto es, una negociación entre ETA y el Estado, partiendo de los acuerdos alcanzados en Loyola durante 2006. Batasuna sabe que el gobierno de turno ni se llegaría a plantear como hipótesis una negociación en un contexto en el que ETA hubiera firmado ya su finiquito. ¿Para qué iba a negociar entonces? Así pues, la «izquierda abertzale» necesita la «sombra» disuasoria de la banda para chantajear: si no hay negociación, vuelven los «años de plomo».

La organización terrorista, de momento, acepta este escenario, porque su capacidad operativa está más que mermada y, además, tantea si a través del poder conseguido por Bildu en las instituciones puede lograr sus objetivos, que pasan por la apertura de un «proceso democrático —argot con el que se refiere a una negociación-impoasición—, como antesala de un «estado vasco». Pero, si quisiera, ETA podría cometer ahora atentados , porque colocar un coche bomba es relativamente fácil, advierten los expertos. En cierta forma, los «políticos» han conseguido imponerse a los «militares», ya que en la actual coyuntura, los Otegi pueden exhibir como logros la «legalización» de facto y el regreso a las instituciones, mientras que los terroristas no pueden ofrecer más que una amplia nómina de bajas de cabecillas y pistoleros o el desmantelamiento de sus bases logísticas.

Además, Batasuna nunca ha tenido tanto margen para desarrollar su estrategia política como ahora, debido a que Ekin —el «comisariado político» de ETA— y Segi —cantera de pistoleros— están practicamente desmantelados por los éxitos de las Fuerzas de Seguridad. Así pues, sería la primera vez en la historia del terrorismo vasco que los «políticos» se imponen a los «militares», porque en todos los pulsos anteriores el «debate» fue zanjado por los pistoleros con «depuraciones» y hasta «destierros» . Se recuerda, en este sentido, que a finales de 1987 el entonces secretario general de HASI —partido motor de Herri Batasuna—, Txomin Ziloaga fue «deportado» por ETA junto a su mujer, Izaskun Larreategi, a Nicaragua, simplemente por haber invitado a la banda a «tomarse unas vacaciones» a fin de lavar la imagen de la «izquierda abertzale» tras la matanza de Hipercor. La victoria de los «militares» sobre los «políticos» se saldó entonces, además, con la depuración de 200 militantes, condenados al ostracismo.

Pero los expertos antiterroristas advierten de que esta correlación de fuerzas cambiaría si, por ejemplo, Bildu, a través de su poder institucional, no logra arrancar al Gobierno el pretendido proceso de negociación o gestos favorables para los presos. Entonces la banda intentaría reanudar la actividad terrorista —otra cosa es que las Fuerzas de Seguridad se lo impidan—. Es decir, si no obtiene réditos, ETA pone a la estrategia de Batasuna fecha de caducidad. El chantaje y la amenaza, por tanto, se mantienen mientras la organización terrorista no desaparezca.

Los agentes no creen que a corto o medio plazo ETA dé un paso significativo más allá de mantener la actual tregua, quizá con algún nuevo «condimento», y, mucho menos, que anuncie su disolución definitiva. La organización criminal se aferra a que ya ha cumplido tras acordar la tregua y ahora, según los terroristas, Batasuna tiene que hacer «sus deberes» —lograr ese «proceso democrático»—y el Gobierno dar algún paso previo a esa negociación, como legalizar Sortu, acercar presos al País Vasco y liquidar la «doctrina Parot».

Mientras, el Gobierno considera que es compatible rechazar la negociación con la puesta en práctica de movimientos en las cárceles que beneficien a los disidentes y contribuyan, por tanto, a la división del colectivo. En este sentido, tiene previsto trasladar a un significativo número de reclusos etarras a la nueva prisión de Nanclares de Oca, en Álava, y agruparlos allí con los que ya se han mostrado críticos con la «lucha armada». El nuevo acercamiento se materializará antes de que concluya el año y podrían verse beneficiados algunos reclusos que sin estar en la línea más dura, tampoco han dado muestras de arrepentimiento y, por tanto, no han roto la disciplina. El Ejecutivo pretende que se dejen convencer por quienes ya se han desmarcado de la dirección de la banda. Quiere, de esta forma, consolidar en la nueva Nanclares un bastión de los presos críticos.

Sin embargo, el Gobierno reconoce que la estrategia que viene desplegando en el frente carcelario desde hace años no está teniendo los resultados buscados. La mayoría de los presos no acaban de seguir a esa veintena que ha firmado ya un escrito en el que se pide perdón a las víctimas. Como mucho, ha habido un goteo que, sin embargo, se ha paralizado desde que ETA anunció el pasado mes de enero el «alto el fuego». Ocurre que entre los reclusos se han alimentado espectativas, promovidas desde el Ejecutivo, sobre un pronto final del terror y prefieren esperar a que llegue ese escenario para salir por la puerta grande, en lugar de desmarcarse ahora y ser considerados en sus entornos como «traidores».