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España, con un déficit del 9,2 por ciento de su Producto Interior Bruto, un paro del 21 por ciento y casi cinco millones de parados y una deuda de 680.000 millones de euros, tiene que enfrentarse a una profunda regeneración de sus instituciones. Unas administraciones públicas cuyo gasto se ha desbocado, como se refleja en la deuda de 6.208 millones de las diputaciones, de 52.000 de las empresas públicas o 1.480 de las televisiones autonómicas.
La grave y profunda crisis económica que atraviesa España ha obligado al Gobierno de Zapatero a realizar una serie de reformas para recortar el gasto público y reducir el déficit del Estado. La Unión Europea le ha instado una y otra vez a que se tome en serio el deterioro de la economía española y a que vaya más allá, ya que lo que ha hecho hasta ahora no es suficiente.
Los socialistas no tuvieron más remedio que aprobar el mayor recorte social de la Historia (bajando el sueldo de los funcionarios, congelando las pensiones y flexibilizando el despido), pero a ellos o al futuro Gobierno de Rajoy les tocará poner fin a los gastos superfluos que no hacen sino engordar el déficit. Se ha tocado el bolsillo a los españoles, pero ahora hay que aplicar la tijera al lujo innecesario que se ha instalado en las distintas administraciones públicas (central, autonómica, municipal y diputaciones provinciales).
Un boato al que todas las administraciones, sean del signo político que sea, tienen que poner freno actuando con firmeza sobre el presupuesto desbocado de las televisiones autonómicas, la creación de empresas públicas, el papel de las diputaciones, el gasto en teléfonos móviles, coches oficiales, gastos de publicidad y representación.
A todo ello hay que sumar el recorte en la estructura de los distintos gobiernos autonómicos, reduciendo el número de consejerías y sus correspondientes delegaciones provinciales, de altos cargos y de personal de confianza. Además, hay que evitar las duplicidades de competencias que se están produciendo entre las distintas instituciones.
La sangría del gasto también tiene una vía en la contratación de personal interino en las administraciones, en detrimento de los funcionarios. Éstos defienden que se aproveche la capacidad de los funcionarios y no se dedique el dinero a contrataciones externas, que lo único que hacen es disparar el gasto de personal, precisamente lo que se tiene que contener.
A los populares les está tocando gestionar el boquete económico que los socialistas han dejado en las cuentas públicas. Lo primero que han hecho es limitar a diez el número de consejerías y reducir los altos cargos. Se ha paralizado la contratación de asesores e incluso hay alcaldes que a la vez son diputados autonómicos y que han renunciado a su sueldo. Solo cobran de los Parlamentos.
