La Comunidad de Madrid exige a Pajín que pague ya la Ley de Dependencia
Reclama por carta al Estado que cumpla su cupo y abone el 50% de las prestaciones
CARLOS HIDALGO
La aplicación y financiación de la Ley de Dependencia vuelven a enfrentar al Gobierno regional y al Ejecutivo de la Nación. El nuevo consejero de Familia y Asuntos Sociales, Salvador Victoria, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, ... en la que le pide que se solucione ya una situación que se alarga desde la puesta en marcha del reglamento, el primero de enero de 2007. La misiva a Pajín, que también sirve como presentación del flamante consejero, recuerda que «es necesario afrontar de forma urgente algunas cuestiones sobre la dependencia y su prevención que aún se encuentran pendientes», a juicio del consejero Victoria. Y urge a abordar el asunto «lo antes posible».
Lo primero, dice la carta, es el aspecto de «una financiación suficiente y adecuada que garantice la sostenibilidad del modelo» y que permita a las comunidades autónomas «recibir de la Administración General del Estado el 50% de los fondos» que corresponden a los Gobiernos regionales «para sufragar el coste de atención de las personas reconocidas en situación de dependencia».
«Como sabe —continúa Salvador Victoria—, somos las comunidades autónomas las que soportamos la mayor parte de la financiación del sistema, en especial, aquellas donde estamos primando la prestación de servicios especializados y de calidad sobre el reconocimiento de prestaciones económicas». A juicio de la Comunidad de Madrid, «el último reparto del nivel acordado, congelado desde el presupuesto de 2009, es un buen ejemplo» de ello.
El otro flanco de fricción en cuanto a la Ley de Dependencia es el estadístico. El consejero hace hincapié en su carta en que «sigue pendiente el desarrollo de un sistema de información y estadístico que refleje de forma real la gestión» de la normativa «en cada una de las comunidades autónomas».
«Como ya ha sostenido la Comunidad de Madrid en diferentes ocasiones —insiste—, la actual referencia a la población real total distorsiona la información que reciben los ciudadanos y va en detrimento de aquellas comunidades que trabajamos hace muchos años en políticas dirigidas a la prevención y a la promoción de la salud desde el ámbito social y sanitario». Por ello, Victoria solicita una reunión de trabajo «en las próximas fechas».
La Comunidad de Madrid destina más de 900 millones de euros anuales a dependientes. Critica que el Estado sólo aporte 283 millones para todas las comunidades en 2011 para esta materia.
Moncloa sólo paga el 24%
Además, denuncia que los 27 millones que recibe Madrid este ejercicio son 2,3 menos que los que percibió en 2010, y lo achaca al «cambio en las variables de reparto»: el cálculo de la población potencialmente dependiente ha perdido peso respecto a los programas individuales de atención, «sin diferenciar la provisión de servicios y prestaciones».
De esta manera, el Ejecutivo regional considera que el reparto actual «favorece a aquellas comunidades autónomas que han primado el reconocimiento de prestaciones económicas, en lugar de servicios profesionales y de calidad». El Gobierno de Esperanza Aguirre reprocha al de Zapatero que sólo aporte el 24% del gasto total de cada usuario dependiente.
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