Querella contra la procesión atea

La citada asociación de abogados exige medidas cautelares para impedir esta nueva «performance» (así la llaman los que la convocan, lo mismo que dijeron del desnudo en la capilla de Somosaguas), y advierten a la flamante delegada del Gobierno, Dolores Carrión, que de no hacerlo «incurriría en un delito de prevaricación».

Carrión, que en acto de toma de posesión dijo que la procesión atea era algo «festivo» y pasó la patata caliente al Ayuntamiento, recibió ayer un nítido toque de atención por parte del vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Pérez Rubalcaba: «La decisión de autorizar o no la procesión atea corresponde a la delegación del Gobierno que aplicará la ley como en cualquier otra manifestación», señaló Rubalcaba en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros.

Un portavoz de los abogados cristianos aseguraba ayer a este periódico que «el carácter agresivo del desfile es evidente. Se han publicitado como un 20-N. Si la Delegación del Gobierno lo autoriza podría estar perpetrando delitos de complicidad y prevaricación, segun el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

El numerito de la procesión atea está organizado por grupúsculos como la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (Amal), «La playa de Lavapiés», Ateos en Lucha, Volia, Cruento Cuento y Albatros. Quieren que «oficie» el «reverendo Leo Bassi, payaso y activista ateo».

Uno de los miembros de este colectivo ha dicho en una emisora de radio, y grabado está, lo siguiente: «Somos muy pocos. Solo llevamos un año. Representamos un frente ideológico. Un frente dedicado, única y exclusivamente, a castigar a las conciencias católicas. Nuestro propósito es hacer daño. Y no nos andamos con contemplaciones». Sobran los comentarios. Desde el despacho de los abogados cristianos, se asegura que los organizadores de la procesión atea «han vinculado directamente su iniciativa con la quema de iglesias y la persecución a los católicos durante la II República y la guerra civil». Por lo visto, y si el acto obtiene luz verde de la Delegación del Gobierno, el cortejo tiene previsto parar frente a una parroquia durante el recorrido aludiendo a que «esa iglesia la quemó el pueblo de Madrid en la revuelta que hubo con la República. Para nosotros es una referencia imprescindible».

Los citados abogados cristianos toman la medida de querellarse contra los convocantes de semejante acto porque, a su juicio, también pueden darse los delitos de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión o creencias, así como un delito «en concurso con el delito de enaltecimiento del terrorismo y varios delitos de injurias, calumnias y amenazas».

La querella solicita, además, ese dictado de medidas cautelares que impidan la celebración «de este desfile» porque, a juicio de los querellantes, «este desfile presenta suficientes indicios de comisión de todos estos delitos tipificados en el Código Penal».

Insiste una portavoz de la asociación de abogados que «la delegada del Gobierno de Madrid ha sido notificada de las intenciones de estos grupos, y podría incurrir en prevaricación si autoriza tal evento».

En realidad, todo indica que esa procesión atea no es más que un suma y sigue al ataque a la religión católica.

De hecho, los primeros panfletos con semejante convocatoria se repartieron, como informó ABC, el pasado 25 de marzo en el acto anticapillas celebrado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense. Allí, una veintena de colectivos solo fueron capaces de reunir a doscientas personas.