Las actas de ETA prueban que el Gobierno siguió negociando tras la bomba en la T-4

De esta manera, aparece negro sobre blanco, lo que ya se conocía desde el 24 de junio de 2007, cuando ABC titulaba su portada: «El Gobierno se reunió con ETA tras la T-4 para pedir un gesto» . Y, en páginas interiores, ampliaba la información asegurando que «el Gobierno prometió a ETA "distensión bilateral" tres meses después de la T-4» .

Las actas de ETA del contacto celebrado tras el atentado, fechadas en marzo-abril de 2007, difundidas hoy por El País, insisten ahora en que la propuesta del Gobierno para volver al proceso pese a la muerte de dos personas en aquella acción: «ETA tiene que asegurar con una declaración que no hará más atentados. Tras la declaración se activaría el proceso en el punto que quedó en Loyola », se lee en ellas, que añaden. «También se propone que Batasuna cambie los estatutos, una etapa sin atentados y se comienza la mesa de partidos. El Gobierno manifiesta ahora que si se rompe ahora no volverá a haber nuevas opciones durante años».

Según se refleja, esa reunión entre un representante del Gobierno y ETA se produce después de otra reunión del PSE con Batasuna en el que se negó un estatuto para las tres provincias vascas y Navarra. «Sobre la mesa la detención de Yurrebaso. ETA exige la liberación del etarra y garantías de seguridad para el futuro» y «ETA exige acuerdo político. ETA se niega a hacer más gestos », recoge el notario de la banda. En cuanto a la situación de Yurrebaso, el Gobierno responde que «no está en sus manos liberar al detenido», si bien «espera que lo liberen». «Después de Barajas el proceso está roto y hay que intentar retomarlo», agrega.

Los propios documentos recuerdan que Jon Yurrebaso fue detenido el 27 de marzo en Francia y «formaba parte del equipo de negociación de ETA». En el momento de su detención advirtió a la autoridades galas de su estatus de negociador y mostró a modo de salvoconducto un cartón en el que aparecían varios número de teléfono, uno de ellos presuntamente utilizado por el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo . Actualmente, estos hechos se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional del que es titular el juez Pablo Ruz en el marco de una pieza separada de la causa del «chivatazo», el presunto soplo policial que frustró una operación contra la red de extorsión de ETA en mayo de 2006, tal como recuerda Ep. Este suceso también aparece en varias fases de los documentos.

En el acta de la reunión mantenida el 27 de octubre de 2006 uno de los negociadores del Gobierno admite que «por dar el aviso del faisán hay un alto policía encausado (en referencia a Víctor García Hidalgo) y casi el jefe de seguridad del PSOE».

Por otra parte, en reuniones celebradas entre junio y septiembre de 2006, la banda terrorista y el Ejecutivo central acordaron que De Juana, con 25 asesinatos a sus espaldas, saliera de prisión en libertad condicional. En este periodo, en concreto entre el 7 de noviembre de 2006 y el 1 de marzo de 2007 el etarra mantuvo durante 115 días una huelga de hambre tras ser condenado a 12 años y medio por un delito de amenazas terroristas.

El trato era otorgarle la libertad condicional, previa rehabilitación en un hospital de Madrid «manteniendo la situación de libertad en secreto» , y posteriormente, ser trasladado a «Euskal Herria en libertad». Según las actas, «se estableció con De Juana la forma de hacer esto por medio del hombre de la Iglesia».

En la siguiente reunión Gobierno-ETA celebrada en octubre, cuando la situación del etarra le había llevado a pasar por un quirófano, como consecuencia de las secuelas de la huelga, las actas recogen un bloqueo en las negociaciones por el robo de armas en Francia. En la citada cita, el Gobierno recalca que se había apartado al fiscal del caso por haberse negado este a rebajar la condena del etarra de 12 a cuatro años.

La banda terrorista, por su parte, recuerda que De Juana abandonó la huelga «por orden de ETA». «Si no queda libre, se actuará en consecuencia», advertía. El Tribunal Supremo rebajó finalmente de 12 años y medio a tres la condena impuesta al etarra por amenazas en un artículo publicado en el diario «Gara». Por este motivo, De Juana abandonó la huelga el 1 de marzo de 2007 tras serle concedido el régimen de prisión atenuada.