España pagará a la OEA el fichaje de Garzón como asesor del proceso de paz en Colombia

La operación para enviar a Garzón a Colombia comenzó a gestarse en julio del pasado año, durante un encuentro que mantuvieron, en la Embajada colombiana en Madrid, el juez y el entonces presidente electo Juan Manuel Santos. El plan, no obstante, se concretó a comienzos de diciembre en Mar del Plata, durante la Cumbre Iberoamericana, en una reunión entre la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y su colega colombiana, María Ángela Holguín, como desveló este periódico.

El juez ha viajado en numerosas ocasiones a Colombia, la última de ellas la pasada semana para participar en las celebraciones del 40 aniversario del Consejo Regional Indígena del Cauca. Garzón declaró entonces a Efe que, si se concretaba su contratación, su labor consistiría en «ayudar tanto a las instituciones como a las organizaciones de derechos humanos y del área de la defensa de las víctimas».

El magistrado considera que, con la llegada a la presidencia de Colombia de Juan Manuel Santos, se ha producido un cambio en el manejo de los Derechos Humanos. Una de sus tareas en Colombia podría ser integrarse en alguno de los órganos que creará la Ley de Reparación de Víctimas que se discute en el Parlamento colombiano en estos momentos y que se quiere aprobar antes del verano.

Hace unos días, en Madrid, Trinidad Jiménez aseguró, en el Senado, al responder a una pregunta del senador del PP Agustín Conde que Garzón sería un candidato «idóneo» para asesorar al Gobierno de Colombia sobre Derechos Humanos.

La ministra confirmó que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió al Gobierno que mantenga el apoyo que ha venido dando al proceso de paz en Colombia, y agregó que el Ejecutivo «tiene previsto contestar afirmativamente a su solicitud», favoreciendo la «contratación de expertos en este ámbito», cuyo coste se cargará «de acuerdo con los procedimientos establecidos» por la OEA. Aunque no especificó ni la cantidad ni la forma de colaboración, de sus palabras se desprende que uno de esos expertos será Garzón y que su labor será financiada por España.

Curiosamente, Insulza era ministro de Exteriores de Chile, en 1998, cuando la pretensión de Garzón de lograr la extradición a España desde Londres del dictador Augusto Pinochet provocó un incidente diplomático entre el Gobierno de José Maria Aznar y el del chileno Eduardo Frei.

La posible contratación de Garzón ha provocado polémica tanto en Colombia como en España. En Colombia, algunos sectores aseguran que no necesitan asesores extranjeros, otros critican el protagonismo de Garzón en los medios de comunicación, y hay quien ve también peligroso el fichaje de un juez que tiene abiertas tres causas en España.

En nuestro país, la oposición ve en la operación una maniobra del Gobierno para dar una salida a Garzón que, desde mayo, es consultor externo de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de la Haya. El senador del PP Agustín Conde acusó al Ejecutivo de hacer gestiones para «buscarle un puesto» a un juez «suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial y con tres causas abiertas», por prevaricación y cohecho entre otras.