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Denunciarán ante la Fiscalía General unos 400 casos de «hijos robados» en clínicas

En toda España podrían haberse producido unos 300.000 casos, según cálculos realistas, dicen desde la asociación que presenta las primeras denuncias

Denunciarán ante la Fiscalía General unos 400 casos de «hijos robados» en clínicas

efe

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares ( Anadir) denunciará el próximo día 27 ante la Fiscalía General del Estado alrededor de 400 supuestos casos de "hijos robados" entre las décadas de los años 20 y 90 en clínicas privadas ... y públicas de toda España, algunas de ellas de Madrid. Según ha informado el abogado de esta asociación, Enrique Vila, Anadir pedirá que cada fiscalía provincial abra diligencias para la investigación penal de los supuestos casos de robos de niños recién nacidos y remita la información a la Fiscalía General del Estado. "Presentaremos casos perfectamente probados, con análisis de ADN, y otros basados en suposiciones de madres que creen que les robaron a sus hijos. Entendemos que hay suficientes indicios de delito como para que se investiguen estos casos", ha apuntado Vila. Según este abogado, "las cerca de 400 denuncias pertenecen a asociados de Anadir, pero en toda España podrían haberse producido unos 300.000 casos, según cálculos realistas". "En los quince años que llevo investigando los orígenes biológicos de niños adoptados como yo -ha añadido Vila- me he encontrado con que alrededor del 15% de las consultas proviene de una persona que sabe que no es hijo de sus padres porque, en algunos casos, éstos le han contado que lo compraron, y en España hay cerca de dos millones de adoptados". "Estoy convencido de que hay cientos de miles de adopciones irregulares o casos de niños robados, lo que sucede es que están empezando a surgir a la luz pública, la gente se atreve a denunciar su caso al comprobar que en las clínicas en las que nacieron se pudieron producir otros casos", ha apuntado el abogado de Anadir. Esta asociación pretende que se investigue la posible comisión de delitos por parte del personal de decenas de clínicas y centros sanitarios en toda España, algunas de ellos públicos y todavía en funcionamiento, como el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, La Fe de Valencia o las maternidades Santa Cristina y Provincial de Madrid.

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