Las Palmas, sin recursos para rescatar la Biblioteca estatal

La situación de la Biblioteca Pública del Estado se recrudece con el paso de los días. De hecho, el concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Néstor Hernández, reconoció ayer que los ajustes presupuestarios realizados en las arcas municipales dificultan el pago en 2011 de una posible indemnización a los vecinos que denunciaron la construcción del ya famoso inmueble cultural, el cual el Tribunal Supremo ha ordenado demoler.

El primer teniente de alcalde, en declaraciones a la Cadena Ser, insistió ayer en que «acatan» la sentencia del Alto Tribunal, pero recordó que se trata de una «obra simbólica» que cada año utilizan más de 200.000 usuarios, por lo que confió en lograr un acuerdo económico con la comunidad de propietarios del Edificio San Telmo para evitar el derribo.

Asimismo insistió en que ahora mismo es «muy difícil» saber de dónde saldrían las partidas necesarias para hacer frente a los pagos, debido a la constricción ejercida sobre las cuentas municipales de cara al ejercicio en curso. En caso de que las partes se avengan a un acuerdo, Hernández adelantó que este año «va a ser prácticamente imposible» poder satisfacer la cuantía, que dijo, aún no ha sido determinada por los técnicos municipales. «Se derribe o no, va a tener consecuencias económicas para el Ayuntamiento», lamentó el concejal de Ordenación.

El Tribunal Supremo dictó este pasado lunes la sentencia que obliga a demoler la Biblioteca Pública del Estado, ya que «la ordenación de la parcela es nula de pleno derecho por haberse aprobado para eludir el cumplimiento de la referida sentencia de fecha 10 de octubre de 2002», después de que la licencia urbanística fuera aprobada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 1997.

Por su parte, la concejal de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, propuso ayer al grupo de gobierno que analice si se puede repercutir en los concejales que tomaron la decisión de construir la Biblioteca «el daño económico y la indemnización» que haya que abonar a los vecinos, tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Barrios entiende que dichos ediles «deben responder con su patrimonio a las indemnizaciones, ya que aprobaron ceder un suelo para la realización de un proyecto edificatorio que contaba con informes técnicos» que desaconsejaban dicha actuación.