Kirchner se rodea de ex montoneros en su acoso a los principales diarios argentinos

En ese combate, que encuentra de espectador confundido a una sociedad crispada, se golpean emblemas de los derechos humanos como Julio César Strassera y Ricardo Gil Lavedra, fiscal y magistrado, respectivamente, del histórico juicio a las Juntas Militares en 1985.

La noche del domingo Lidia Papaleo acusaba en televisión al consejero delegado del grupo Clarín, Héctor Magneto, de amenazarla de muerte -a ella y a su hija- si no vendía las acciones de Papel Prensa, una fábrica de papel de periódicos que, por entonces, estaba en construcción. La escena, según relato de la interesada, se produjo en octubre de 1976, curiosamente el mismo día que compradores (Clarín, La Nación y La Razón) y vendedores, se habían citado para rubricar la operación que habían cerrado de antemano.

Cinco meses más tarde Papaleo, viuda de David Graiver - un multifacético hombre de negocios bajo sospecha de pertenecer al Mosad (servicio secreto israelí) y banquero judío al que la guerrilla montonera reclamaba la devolución del rescate del célebre secuestro de los hermanos Born- caería en manos de la dictadura. Igual suerte correrían los padres y hermanos de su difunto marido.

El relato de Papaleo, como los demás, brutalmente torturada, intentaba reforzar la tesis de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que aquella compra fue ilegal y que, con ella, La Nación y Clarín (La Razón ahora pertenece a este último grupo) cometieron delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles y deben ser investigados.

Sin embargo, su hija María Sol Graiver no coincide con ella, y su cuñado Isidoro Graiver, también secuestrado después de la venta de la empresa, la desmiente al declarar judicialmente que la operación se produjo «en libertad» y «sin coacciones».

En este entramado aparece, leal al matrimonio Kirchner, Osvaldo Papaleo. Hermano de Lidia y ex secretario del Gobierno de Isabel Martínez de Perón, todavía hoy defiende a José López Rega, el «Rasputín» de la viuda de Perón e ideólogo de la AAA, que asesinó más de novecientos argentinos durante la etapa previa al golpe del 24 de marzo de 1976.

Sus dardos apuntaron contra personas emblemáticas en la defensa de los Derechos Humanos, al ex juez Ricardo Gil Lavedra, le calificó de «gil de cuarta» y al ex fiscal Strassera le espetó: «No tiene autoridad moral para hablar de DD.HH». Ambos cuestionaban la veracidad de las declaraciones de su hermana cuyo testimonio, desde que empezó esta historia trágica, cambió. Como también lo hizo el de su cuñado y el del Gobierno.