¿Un mercado único? ¿Diecinueve mercados?

Esta afirmación tenía un antecedente analítico importante. Un gran economista norteamericano, Allyn Young, en un artículo que apareció en «The Economic Journal» en 1928 y en su contribución sobre esta cuestión en la Enciclopedia Británica, basándose en unas proposiciones bien conocidas de Adam Smith, señaló para siempre cómo los rendimientos crecientes en el sector productivo se fundamentaban en mercados amplios, sin trabas, tanto para los factores de la producción como los bienes y servicios que éstos engendran.

Lo contrario al auge, se había experimentado siempre. Últimamente, con la descomposición del Imperio Austrohúngaro en mil nacionalismos económicos derivados de los políticos. Un libro de Hertz, sobre la economía de los Estados danubianos (Víctor Gollancz, 1948) lo evidenció de modo perfecto. Lo contrario era lo que había sucedido con la Zollverein, o Unión Aduanera defendida por List, y que fue base del Imperio Alemán, junto con el Pacto del Acero (renano) y el Centeno (prusiano) como señaló agudamente Albert Hirschman. Y otra es la realidad derivada del Mercado Común Europeo, que avanzó, hasta ahora, bastante satisfactoriamente para sus componentes a través de los tres tiempos de Hallstein, el primer presidente de la Comisión Europea: unión arancelaria, unión monetaria y, finalmente, solo finalmente, unión política. Por supuesto que cabe pensar en otro camino, el de que la unión política fuese lo primero, como había defendido en la primavera de 1930 en su «Memorándum», Arístides Briand, y desde España lo sostuvo Larraz en su artículo «La Federación Europea», en «Arbor», septiembre-octubre 1962, pero siempre el abatir fronteras era su base.

La unidad interna del mercado español, por todo lo señalado, pasa a ser una condición fundamental para nuestro desarrollo. Eso lo vieron a la perfección los autores de la Constitución de 1978, quienes, con acierto, plantearon, como señala el profesor Cidoncha Martín en su trabajo «La unidad de mercado como límite constitucional a la descentralización: un balance», contenido en el libro «La unidad de mercado en la España actual» (Instituto de Estudios Económicos, 2010) que «la descentralización tiene límites constitucionales en lo económico». La cláusula del artículo 139.2 de nuestra Constitución, y toda una serie de sentencias del Tribunal Constitucional procuran establecerlas. Pero, sin embargo, es evidente que esos obstáculos han seguido e incluso que se han ampliado. Y ello es fruto de decisiones larvadas en los Estatutos, como señalaba ya José Larraz en la parte cuarta del su excelente estudio «La Hacienda Pública y el Estatuto catalán» (Editorial Ibérica, 1932). Entonces, y ahora, pasa a olvidarse algo que intuitivamente hacía reaccionar a los empresarios catalanes, y a muchos de sus políticos y que expone brillantemente Perpiñá Grau en «De Economía Hispana» (Labor, 1936): que la garantía para vender con facilidad sus productos entonces en el protegido mercado español, era evitar cualquier traba que en él pudiera surgir.

Olvidar esto es caminar, como expuso el Premio Nobel de Economía Myrdal en «The negro problema», hacia un proceso de «causación acumulativa negativa», un círculo vicioso en suma, donde la pobreza aumenta porque nada se hace para remediarla. En España, sin resolver esta cuestión, no va a ser precisamente fácil salir de la crisis. Por eso es necesario que no nos intimidemos ante ella.