Zapatero impondrá el modelo austriaco si no hay pacto para la reforma laboral

El modelo austriaco, que existe en varios países del mundo (como en Argentina y Brasil), consiste en que la empresa crea una cuenta a cada trabajador en la que ingresa mensualmente la parte proporcional de la indemnización que le correspondería por despido. Si el trabajador cambia de empresa, se lleva esa cuenta, en la que la nueva compañía seguirá realizando las aportaciones previstas. Cuando el trabajador acaba su vida laboral, utiliza esa cuenta como un complemento a su pensión de jubilación.En Austria, este modelo se implantó hace ocho años con un acuerdo social y la aportación mensual de las empresas es el 1,52% del coste medio del despido.

El Banco de España ya se refirió el año pasado a las bondades de este modelo, el cual también ha sido impulsado por la Fundación Ideas, del PSOE, cuyo vicepresidente es curiosamente el que fuera ministro de Trabajo, Jesús Caldera. En febrero de 2009, la consejera austriaca de Asuntos Sociales en la delegación permanente de la OCDE, Eva Belaved, estuvo en Madrid disertando sobre la eficacia de este sistema.

El nuevo modelo de indemnización por despido supondría un cambio histórico en las relaciones laborales en nuestro país. De todas formas, hay que esperar para ver cómo sería su traslación al mercado español, pues existen enormes diferencias con el mercado austriaco.

Los empresarios, en contra

Los escasos detalles dados hasta ahora por el Gobierno sobre este asunto han obligado a la patronal a oponerse rotundamente a su aplicación en España, pues elevaría considerablemente los costes laborales. El único aspecto en teoría favorable para los intereses de los empresarios es que ese modelo favorece la flexibilidad en las compañías, que es uno de los principales objetivos de la CEOE.

Algunas fuentes apuntan que el Ejecutivo podría poner en marcha un sistema mixto: aplicar el modelo austriaco pero con una indemnización más baja que la actual (33 y 45 días, según los contratos) y mantener, como ahora, el pago de una cantidad al trabajador en el momento del despido. Sería aquí donde el Gobierno tendría que asumir algunos costes empresariales mediante subvenciones, bonificaciones o la creación de un fondo especial. Para ello, podría utilizar los aproximadamente 1.300 millones que se ahorrará con la supresión de gran número de las actuales bonificaciones a la contratación y parte de los excedentes (unos 3.500 millones) del Fogasa.