En el módulo de la «Gürtel»

Unos metros más allá, Luis Andrés García Sánchez, «Luigi», ex diputado del Parlamento catalán y «conseguidor» de la trama «Pretoria», llega a un acuerdo sobre el reparto de las literas con el aún alcalde Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz (PSC). Como ya se frecuentaban con asiduidad la convivencia resulta sobria. Manuel Dobarco, en cambio, su concejal de Urbanismo, se ha quedado desparejado y le han colocado como vecino a un preso desconocido, primario como ellos en la estancia carcelaria, y acusado de delitos similares. Habrá, pues, afinidad.

Los cinco políticos encarcelados por tres supuestos pelotazos urbanísticos en Cataluña son inquilinos del módulo 1, el que se ha popularizado como «módulo de los Gürtel» porque ha albergado a todos los implicados en esa trama que han desfilado por Soto. Ya sólo queda Antoine Sánchez. Prisiones ha tenido que trasladar al resto ante las fundadas sospechas de que pudieran ser fotografiados de forma ilegal.

Unos 140 internos desayunan, comen y cenan en ese módulo, el más «pacífico» de Soto. El quinteto de políticos catalanes metidos a presuntos comisionistas, intermediarios y blanqueadores planta su bandeja de rancho cada día entre ellos. «Se están amoldando a la vida en prisión, acostumbrándose a prescindir del móvil, la copa de vino del almuerzo y el traje de chaqueta», ironiza un funcionario. El perfil de los internos del 1 lo rompe Francisco Larrañaga, el preso recién extraditado de Filipinas para cumplir la pena que le resta por el secuestro, violación y asesinato de dos hermanas.

Alavedra, Prenafeta, «Luigi», Muñoz y Dobarco llegaron a Soto, con sus pertenencias y sus amigos en el negocio urbanístico, el pasado 29 de octubre en calidad de detenidos. Allí pasaron la noche, a la espera, y a las 6.45 de la madrugada ya les aguardaba un autobús de la Guardia Civil para conducirlos a la Audiencia Nacional, con sus criticadas bolsas de basura a cuestas, que no son tal, sino las que a falta de «sansonite» se facilitan para los traslados.

El vehículo policial no cabía en el garaje y los funcionarios los bajaron a pie y esposados en medio del escándalo general porque la imagen fuera captada. La Audiencia ha abierto un expediente informativo para aclarar qué pasó. Maciá Alavedra se cayó, esposado, en la rampa para mayor escarnio del Gobierno catalán. Lo primero que pidió a su mujer fueron unos zapatos nuevos para sustituir a los maltrechos del juzgado. A última hora de esa noche el quinteto volvía a Soto para quedarse un tiempo; tocaba módulo de ingresos, donde les reconoció un médico, y un educador les explicó el guión de la cárcel: funcionamiento, normas y horarios, rígidos e idénticos para todos: políticos, chorizos y asesinos. El domingo recibieron las primeras visitas, aunque la esposa del septuagenario Alavedra no pudo verlo porque olvidó en Barcelona el libro de familia. Su desconsuelo no pudo ser mayor; la señora desconocía que los móviles no funcionan en prisión, ni siquiera para telefonear a prestigiosos abogados. La opción, una cabina con larga espera.

La visita de las familias

Todos han recibido ya visitas familiares, que se repetirán este fin de semana. Una novedad en el cansino ritmo entre rejas: diana a las ocho, aseo personal y limpieza de celda; desayuno y patio, sala de estar -la mayoría del tiempo la dedican a leer la prensa o ver la televisión-; almuerzo frugal a la 13.30, servido por otros reclusos, y siesta hasta las 16.30. A las 21.30 se acaba el ajetreado día. De momento, ninguno participa en actividades de la cárcel -talleres ocupacionales, clases, gimnasio...-; se mantienen al margen quizá a la espera de que una certera gestión como las que ellos han protagonizado les devuelva la libertad.