Los concejales que no declaren bienes al llegar y al irse serán sancionados

08/11/2009 a las 05:12h.

El artículo 75.7 de la Ley del Suelo, aprobada en 2007 para luchar contra la opacidad urbanística, obliga a los concejales a presentar declaración de bienes, renta, patrimonio y sociedades participadas, tanto al llegar como al irse del cargo. Pero, en la práctica, no ... haber regulado un registro depositario ni sanciones por incumplir ese deber lo ha dejado en mera declaración de intenciones que se cumple a voluntad. Ediles de todos los colores remolonean para no revelar sus cuentas porque saben que no hay registro y no se les puede quitar el acta de electo.

«Sólo cabe una sanción administrativa y un reproche moral», admite una de las fuentes gubernamentales consultadas por ABC. Es por ello que el Ejecutivo busca pactar con la FEMP y con todos los partidos, pero especialmente con el PP, una futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LOBRL) que presentará en el próximo período de sesiones. Su objetivo será regular ese registro local, del que se encargará el secretario municipal, e Internet será el gran instrumento de «aumento de la transparencia».

Papel de la red

Las declaraciones serán colgadas en las web municipales porque, según señala Antonio Hernando, secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, «la red es una buena herramienta que nos puede dar mayor control y transparencia».

También será obligación del equipo de gobierno colgar las modificaciones de expedientes urbanísticos, y de adjudicación y/o modificación de contrata y obra. La oposición tendrá conocimiento previo de los documentos que se vayan a discutir en pleno y podrá reclamar la presencia de altos funcionarios en comisión para fiscalizar. Además se reformará el «Estatuto del vecino» para introducir la iniciativa popular municipal y aumentar el conocimiento ciudadano de los expedientes. Y es que la reforma de la Ley del Suelo, que ya incluyó una minireforma la LBRL, hace dos años para acabar con la opacidad de las contratas plurianuales, permutas de terreno y convenios urbanísticos con privados, no ha impedido que afloren casos como «Pretoria» o «Gürtel».

Es por eso que el Ejecutivo se mueve ahora con pies de plomo. Mantiene el discurso de que no hay más corrupción sino «más medios» par aluchar contra ella, pero el Ministerio para las Administraciones Públicas trabaja a todo gas con catedráticos y expertos para crear una «nueva Ley de Gobierno local», explica Hernando, que sustituya a la vieja LBRL; que data de hace 25 años y ya ha sido reformada en dos ocasiones. Y es que la entrada en vigor de los nuevos Estatutos de Autonomía de Andalucía, Aragón y Cataluña, que regulan ampliamente su competencia local, además de tres recientes sentencias del Constitucional, aconsejan al Ejecutivo a buscar una LBRL ex novo.

¿Problema nacional?

Lo que no quiere es un rimbombante «pacto de Estado» con el PP, porque eso le llevaría a situar la corrupción como gran problema nacional, que no reconoce. La oferta de pactos de Estado del jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy se limita a Educación y Energía. Los socialistas saben que este es un tema espinoso para su electorado porque crea desencanto y fomenta la abstención de izquierda.