Máxima tensión en la frontera entre Colombia y Venezuela

La gota que rebosó el vaso luego de que a finales de octubre fueran brutalmente masacrados en Venezuela nueve jóvenes colombianos, un peruano y un venezolano, fue el asesinato en la tarde del domingo de Gerardo Zambrano, de 39 años, y Segnini López, de 33, ambos miembros de la guardia venezolana. El asesinato ocurrió en el puesto de control El Palotal, entre los municipios fronterizos de Ureña y San Antonio (Venezuela), cuando dos sicarios dispararon a quemarropa y huyeron.

“Cerrar la frontera es la respuesta a una secuencia de sucesos que han venido atemorizando a los habitantes de la zona común entre ambos países”, justificó en medios radiales colombianos el director de la Policía del Táchira, Jesús Alberto Berro.

Lo cierto es que de un lado y del otro de una frontera de 2.200 kilómetros históricamente marcada por el conflicto y los roces pues es caldo de cultivo de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y temibles bandas de delincuentes, las acusaciones subían como espuma.

En Venezuela, el canciller Nicolás Maduro, criticaba ferozmente el acuerdo militar firmado el 30 de octubre pasado entre Colombia y Estados Unidos que permite utilizar por diez años siete bases de las Fuerzas Armadas colombianas.

Para Maduro dicho acuerdo no sólo amenazaba la estabilidad de la región, sino que era “muy grave” que Bogotá “haya insistido en el error histórico de desconocer el clamor que hay en el continente para que nuestro territorio esté libre de bases estadounidenses”. También decía que estos asesinatos se debían a la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares que se estaban infiltrando en Venezuela. “Estamos heredando un conflicto que no nos pertenece”, recalcaba Maduro.

En Colombia la lectura era otra. La revista Semana, la de mayor circulación, dedicaba un amplio artículo a la soterrada guerra fría entre los dos países.

Según Semana, una de las dos hipótesis más fuertes que hay sobre la masacre de las diez personas es que la habría cometido el Ejército de Liberación Nacional (ELN, la segunda guerrilla de Colombia), que se mueve como pez en el agua en la provincia venezolana del Táchira, según el gobernador César Pérez Vivas, con la tolerancia de las Fuerzas Armadas venezolanas.

La otra es que habrían sido las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, una guerrilla pro chavista que se mueve en la frontera con el supuesto objetivo de contener la entrada de paramilitares colombianos.

Pero diversas fuentes consultadas por la revista que mandó reporteros a la zona, la masacre de finales de octubre no pudo haberse hecho sin la complacencia de las Fuerzas Armadas venezolanas. La operación ocurrió a dos kilómetros del aeropuerto militar de Santo Domingo, en un área donde hay por lo menos dos bases fijas de la Guardia Nacional.

Aunque Colombia se mantiene en prudente silencio frente al cierre de fronteras, la orden presidencial era una sola: mantener en máxima alerta los servicios fronterizos de la policía secreta colombiana.