Decomisan ordenadores con resultados del referéndum que Zelaya no celebró

La Fiscalía investigará ahora si se trata de un posible delito de fraude y falsificación de documentos, debido a que algunas actas habían sido rellenadas con los datos de las personas que supuestamente participaron en el fallido referéndum que no pudo llevarse a cabo por el golpe de Estado.

Uno de los fiscales que participó en el operativo realizado ayer mostró a los medios de comunicación un acta electoral del Instituto Técnico Luis Bográn, de Tegucigalpa, en el que se especifica el número de personas que participaron en la mesa 345, donde se contabilizaron 550 papeletas de las cuales 450 eran votos a favor de la propuesta de Zelaya y 30 en contra, además de 20 votos en blanco y 30 nulos.

El decomiso se realizó en la tercera planta del edificio anexo al Ministerio de la Presidencia que había sido alquilada al ex ministro del Interior, Enrique Flores Lanza. El fiscal adjunto, Roberto Ramírez, declaró esa zona como la "escena del crimen" y, aunque no quiso precisar más detalles, dijo que habían hallado evidencias que podrían tipificar los delitos de fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

Ramírez no descarta que estos ordenadores fueran a ser utilizados en el conteo final del referéndum que finalmente no se celebró porque militares arrestaron y expulsaron del país a Zelaya horas antes de comenzar el proceso electoral. "Este grupo de unas 45 computadoras, por la apariencia que presentan, serían usadas para el lanzamiento de los supuestos resultados finales de la cuarta urna", explicó.

Los aparatos pertenecían al proyecto 'Aprende' del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología dirigido a escuelas rurales. Todos los ordenadores tenían rotulado el nombre del departamento para el que transmitirían la información acompañado de un documento con el encabezado: "Hoja de prueba", que contenía todos los datos de los centros de votación.

El fiscal adjunto también indicó que hay evidencias de que en los últimos días fueron sustraídos documentos, material informático y cualquier prueba que pudiese dar luz en las investigaciones sobre el posible fraude que se quería cometer en el referéndum sobre la cuarta urna.

Durante los últimos meses de su mandato, Zelaya promovió la realización de una encuesta que había sido convocada para el pasado 28 de junio, en la que se preguntaría a la población si estaba de acuerdo con instalar en los comicios generales de noviembre una cuarta urna para consultar la posibilidad de hacer una Asamblea Constituyente en la que se reformaría la Carta Magna.

La consulta fue calificada de "ilegal" por la Corte Suprema de Justicia y fue rechazada, desde un comienzo, por la oposición que alegó que la idea de reformar la Constitución respondía a los intereses de Zelaya de establecer en el país la reelección indefinida del mandato presidencial.