Tribunal estancado

EN el fragor de la crisis y de las discordias entre Gobierno y oposición, con la justicia ordinaria próxima a una huelga histórica, la situación del Tribunal Constitucional ha pasado a un segundo plano, pero sigue siendo un grave problema para el sistema político español. ... Con casi la mitad de sus miembros en prórroga, el TC se ha puesto al margen de las exigencias de su función, retrasando de forma inaceptable el juicio de constitucionalidad -lo más propio de su razón de ser- de algunas leyes fundamentales. A finales de 2007, la presidenta del TC comprometió un impulso definitivo a la deliberación sobre el Estatuto de Cataluña, cuya entrada en vigor supuso una clara modificación del modelo constitucional del Estado autonómico. La sentencia no ha sido dictada aún, pero podría darse a conocer antes de las elecciones europeas. Es decir, casi tres años después, el TC dará su veredicto sobre una ley que ya está siendo aplicada y desarrollada, construyéndose así la coartada política adecuada para encajar una posible sentencia interpretativa, que declare la constitucionalidad condicionada del texto estatutario. Comprobado que el Estatuto no ha provocado los presagios más pesimistas -y más inverosímiles, como la ruptura de España-, pero sí el más realista, como el desmantelamiento del Estado en Cataluña, será difícil que el TC irrumpa con una sentencia de inconstitucionalidad. El TC se hace así víctima de sí mismo, de su propia lentitud, que el Gobierno ha aprovechado para impulsar el nuevo Estado confederal que prevé el Estatuto y para coartar la independencia del Tribunal con el desafío de tener que asumir que la inconstitucionalidad del Estatuto arrastraría la de tres años de desarrollo de sus preceptos. Entre los hechos consumados del Gobierno y la dilación de su respuesta, el TC, decida lo que decida, sea a favor o en contra de la constitucionalidad del Estatuto, ya llega tarde.