No a la objeción, pero...
LA decisión de la sala Tercera del Tribunal Supremo de no reconocer el derecho a la objeción de conciencia de los padres de alumnos contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía transfiere la polémica jurídica al Constitucional. Será este órgano el que decida, finalmente, ... si las familias tienen o no un derecho constitucionalmente legítimo a objetar la impartición de esa asignatura a sus hijos. Nunca fue fácil el encaje legal del ejercicio de este derecho individual, normalmente reservado para que el ciudadano autotutele su conciencia frente a la imposición por el Estado de prestaciones o comportamientos que colisionan con sus principios morales. Sin embargo, la burda pretensión de adoctrinamiento que anima políticamente esta asignatura rompió los esquemas teóricos de la objeción de conciencia -circunscritos a supuestos como el servicio militar obligatorio o la práctica del aborto- y forzó a muchas familias a plantearse una respuesta cívica. El TS ha considerado, a reserva de conocer la fundamentación de la resolución, que los ciudadanos no tienen derecho a la objeción y que las normas reguladoras de la asignatura no vulneran el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Por tanto, no sólo ha resuelto sobre la objeción, sino que ha respaldado el contenido de la asignatura, pese a que, al parecer, ha introducido matizaciones para alcanzar la más amplia mayoría posible. Pero tales matizaciones serían puramente retóricas -sin eficacia real para zanjar el conflicto entre el Estado y los ciudadanos- porque consistirían en advertir a los poderes públicos de que no pueden imponer en la enseñanza criterios éticos o morales discutidos socialmente y reconocer la posibilidad de promover otros posibles planteamientos del derecho a la objeción de conciencia. En definitiva, el TS solventa unos concretos recursos, lanzaría una mera admonición al Gobierno y dejaría la puerta abierta a nuevos conflictos.
En todo caso, el problema político y social sigue vigente, aunque las sucesivas instancias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Estrasburgo ratifiquen el criterio del TS. Ese problema es de moral cívica, no confesional, y se sustenta en la ilegitimidad intrínseca de cualquier intento del Estado de adoctrinar moral y éticamente a los alumnos -ya fuera con contenidos laicos o confesionales- para configurarlos conforme a un determinado modelo de ciudadanía. La mera legalidad de una decisión política no la hace cívicamente beneficiosa, y el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía es un ejemplo de intervencionismo ético por el Estado en la vida de los ciudadanos, revestido, como todas las grandes agresiones a la libertad conocidas en la Historia, con los mejores propósitos de regeneración y de virtuosidad.
Esta asignatura será legal, pero es una piedra de discordia en la sociedad, frente a la que no ha funcionado, por el momento, una objeción de conciencia menos secundada de lo esperado y, como ahora se demuestra, sin estar integrada en una estrategia de fondo, política e intelectual, capaz de responder en igual medida al empeño socialista de mutar, como fuera, la escala de valores de la sociedad. Como es obvio, el Gobierno socialista no sólo propagará la sentencia como un éxito político, que lo es, sino que también se sentirá animado para profundizar en otros proyectos de su agenda «social», tan lesivos o más que la asignatura de Educación para la Ciudadanía y en los que la objeción de conciencia también es un enojoso derecho individual que les estorba. Ahí está pendiente la ampliación de la ley del aborto, de la que se declaró abiertamente partidario el presidente del Gobierno en su reciente intervención televisiva. No son los jueces los que deben decidir las estrategias políticas del Ejecutivo y de la oposición. Esta sentencia es un pequeño bálsamo para un Gobierno hundido por la crisis económica, pero no cancela la legitimidad de las quejas de miles de ciudadanos -muchos más que los que han objetado-, ni exime al Partido Popular del deber de ser coherente con su oposición a una política socialista de intromisión en la formación moral de los ciudadanos.
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