Zapatero se pone al frente del «no» a disolver ya los Ayuntamientos de ANV

Horas antes, ante el Pleno del Congreso, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, había subrayado que «el Gobierno está explorando todas las posibilidades que brinda la ley y la reforma legal necesaria, pero la disolución generalizada de los ayuntamientos gobernados por ANV no parece posible con la actual legislación». Puertas afuera del Parlamento, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, advirtió al Gobierno socialista que su «primera obligación» es proceder contra ANV y si no lo hace, estará «incumpliendo» su promesa de luchar contra ETA.

En el hemiciclo, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, interpeló al Gobierno sobre la necesidad de desalojar a los alcaldes de la formación filoetarra. Por el Gobierno podría haber contestado el ministro de Interior, o el de Justicia, pero Moncloa prefirió dar perfil bajo al debate y se lo encargó a Administraciones Públicas. La intervención de la ministra fue una respuesta en toda regla a los argumentos expuestos por el PP en el informe que envió a Rubalcaba.

Salgado aseguró que los socialistas van a apoyar todas las acciones encaminadas a intentar que ANV no tenga ni un solo alcalde. Sin embargo, sostuvo que la ilegalización de un partido «no priva a las personas electas a permanecer en sus cargos públicos representativos para el que fueron elegidas». Así, citó las sentencias del Tribunal Constitucional de 1983, 1991 y 2006, que «permiten entender que no resulta admisible extender los efectos de la sentencia de disolución de un partido político a aquellos de sus miembros en los que reside la soberanía popular». Explicó también que el artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local «no puede aplicarse de forma automática y general», ya que debe acreditarse que hay actuaciones reiteradas y graves de apoyo al terrorismo por parte de los órganos de las corporaciones locales».

«Galería de tiro»

Hasta aquí sus argumentos jurídicos. Acto seguido, la ministra pasó al ataque político: «No se trata de hacer actuaciones de cara a la galería ni de búsqueda de protagonismos, sino de un compromiso cívico, moral y político», aleccionó. Un comentario que no gustó nada a Rosa Díez: «Que usted hable de intervenciones de cara a la galería... ¿A la galería de tiro, quizás?». Díez recordó a la ministra que el artículo 61.2 dice que se considerarán decisiones gravemente dañosas para los intereses generales «los acuerdos o actuaciones de los órganos de corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo y a quienes participan en su ejecución, lo enaltezcan o lo justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas y sus familiares». «¿Dónde dice que hay que probar que cada uno de ellos son terroristas para disolver las agrupaciones? No me digan que ustedes no pueden actuar. ¡Pueden!», exclamó.