«Negocian con los dependientes»

«Mi hijo no está tan mal», advierte su padre, Pedro Sánchez, «puede hablar, eso es básico, y desde que tiene la silla de ruedas eléctrica ha descubierto un nuevo mundo, ha descubierto la independencia». Este verano, Guillem disfrutó de sus mejores vacaciones investigando el camping en el que pasa el mes de agosto con sus padres y sus dos hermanos sin la compañía constante de uno de sus progenitores.

Pero aún así, Guillem necesita que le vistan, laven, den de comer y acompañen a su Escuela de Educación Especial Nadís. Y pese a ello, todavía no ha sido reconocido como beneficiario de la ley de dependencia, que desde hace casi dos años cubre -en teoría- las necesidades de los grandes dependientes en España.

«Firma ya»

Como Guillem, otros tres alumnos de los 22 niños que asisten a la Escuela Nadís han quedado al margen del sistema, pese a que la propia escuela se encargó de presentar sus solicitudes y validar las primeras valoraciones para todos sus alumnos, todos ellos grandes dependientes. Y las advertencias de la Generalitat sobre la falta de recursos para seguir aplicando esta norma han hecho saltar todas las señales de alarma.

«Nos sentimos maltratados», concluye Sánchez, «tenemos la sensación de que están negociando con la dependencia». Hace diez días, la madre de otro niño de la Escuela Nadís le relataba cómo la asistente social la había presionado para firmar las ayudas ofrecidas por la Generalitat: un pago por asistente no profesional que al final se reducía a menos de 200 euros mensuales. «Firma ya, porque a partir del viernes las cosas cambiarán», asegura que le decían esa madre.

Desde entonces, las declaraciones tanto de la consejera de Acción Social, Carme Capdevila, como de otros miembros del Gobierno catalán sobre la posibilidad de frenar la entrada de nuevos beneficiarios en el sistema no han dejado de sucederse. Y la entrevista mantenida esta semana entre la consejera y la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, de la que Capdevila reconoció salir «decepcionada», no augura mejoras.

El Ayuntamiento de Barcelona realizó hace dos años un informe -«El agravio económico comparativo de las personas con discapacidad»- en el que cuantificó el coste de la dependencia hasta un máximo de 54.405 euros anuales para grandes discapacitados físicos, aunque fijaba la media en 27.398 euros anuales -una media con la que coinciden los consultados-. Sin embargo, las ayudas de la Generalitat se sitúan entorno a los 400 euros mensuales, denuncia Jaume Gargante, padre de dos discapacitados de 20 y 6 años. Esto es apenas un 10% de los gastos que asumen estas familias.

Por ello, tanto Gargante como Sánchez lamentan que la aplicación de la ley de dependencia se haya quedado en ayudas económicas directas y sin repercutir de momento en un nuevo catálogo de servicios real en favor de los dependientes. Buenos centros de día, en los que no se deje de estimular a los dependientes, tal y como sucede ahora en el momento en que dejan las escuelas especiales, residencias y actividades dirigidas.

Gargante narra, en este sentido, el drama de su hijo mayor, que se niega a acudir al CAD que debe evaluar su acceso a un centro de día o a un taller laboral. «Es un adulto de 90 kilos, cómo vamos a obligarle nosotros» se lamenta su padre mientras choca con la negativa de la administración a realizar la evaluación en el centro escolar al que su hijo sigue acudiendo. «Antes de la ley, íbamos trampeando sin esperar nada. Pero si se han comprometido con la dependencia, que cumplan», concluye.

La aprobación de la ley de la dependencia creó enormes expectativas en un segmento especialmente sensible, los padres de niños discapacitados _ La falta de recursos y el anuncio de recortes los sumen de nuevo en la desesperanza