Engaño a la soberanía popular

La jugada del Gobierno socialista es un golpe bajo al crédito del sistema parlamentario, cuyo principio fundamental es el control político del Ejecutivo. Es Rodríguez Zapatero, y no Solbes, quien debe asumir la responsabilidad de explicar por qué ahora no es posible un acuerdo con Cataluña sobre un materia que el propio presidente del Gobierno despachó amistosamente con los líderes de Convergencia i Unió en un sofá de La Moncloa. Todo cuanto se ha dicho -y se ha dicho mucho y muy grave- en el seno del PSOE, entre presidentes autonómicos y entre el Gobierno central y el autonómico debe ahora ponerse sobre la mesa en el Congreso de los Diputados, para que la oposición pueda ejercer su papel, y el Gobierno el suyo. Es en el Congreso donde hay que oír por boca de un socialista lo que el presidente del Gobierno de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, imputó a José Montilla: cambiar la Constitución por la vía de los hechos consumados. Pero con el apaño se han desfigurado los roles democráticos, como sucediera en la anterior legislatura, reproduciéndose una manera de hacer política en la que prevalece la diplomacia privada y la negociación opaca frente a la transparencia del Parlamento. El PSOE ha vuelto a huir del control de la opinión pública con la complicidad de minorías -en este caso, un solo diputado que condiciona todo el calendario de negociación- que, desistiendo de su deber democrático, esperan recoger los beneficios de un apoyo tan interesado como oportunista. La debilidad política de Zapatero es el nutriente de partidos que van a encarecer sus escaños cada vez que el PP ponga al Gobierno contra las cuerdas. Es el caso de los nacionalistas de CiU, muy peleones contra Zapatero en los medios de comunicación, pero nada dispuestos a que sus amenazas sobre el apoyo a los Presupuestos Generales pueda beneficiar al PP. Parece que nuevamente lo importante es que funcione la sociedad de rentas recíprocas entre socialistas y minorías, antes que permitir al sistema democrático depurar la responsabilidad del Gobierno, si con esto los populares mejoran sus expectativas. Es oportuno recordar la subasta de apoyos a la que se vio sometido el PSOE para evitar la reprobación de la ministra de Fomento en la anterior legislatura. Por eso, el mero compromiso de fijar el mes de noviembre como plazo máximo para una nueva financiación aparenta poca cosa como precio del acuerdo con el tripartito catalán para evitar la comparecencia de Zapatero. Desgraciadamente, todo cuanto tiene que ver con la política territorial desarrollada por el jefe del Ejecutivo, y particularmente con Cataluña, es tratado desde La Moncloa con opacidad y falta de valentía.

Al final, Zapatero exhibe un método tramposo de gestionar las crisis, sea la económica, sea la de la financiación o la del propio sistema autonómico, porque también esta crisis está aflorando. Método que consiste en no decir a los ciudadanos la verdad de las cosas ni en reconocer los errores evidentes en la dirección política del país. En su lugar, el Gobierno desprecia al Parlamento, propicia discordias por cauces ajenos a las instituciones con mensajes confusos, lleva los problemas al límite y, cuando la oposición le insta a dar la cara en el Parlamento, aquel que Zapatero iba a convertirlo en el centro de la vida política, se vuelca en alcanzar pactos de emergencia que no resuelven nada y agravan la situación.