Ausbanc pide ilegalizar 1.500 inmuebles de Chozas de Canales

La Asociación de Usuarios de Servicios Financieros ( Ausbanc ) ha anunciado en una rueda de prensa que va a pedir q ue se declaren ilegales las viviendas de los Programas de Actuación Urbanística (PAU) Z-10 y Z-11 del municipio toledano de Chozas de Canales para así poder conseguir la nulidad de la compra-venta de las viviendas . Ausbanc defenderá, por ahora, a 15 afectados interpuestos individualmente contra Banco Caja Castilla-La Mancha por subrogar la hipoteca del promotor de unas viviendas que son ilegales de hecho.

Isabel Cámara, letrada de Ausbanc, va a solicitar al juez civil que se pronuncie y declare ilegales estas viviendas teniendo en cuenta que los dos programas se encuentran en la misma situación de irregularidad que otro de los PAU del mismo municipio, el Z-9, que el Tribunal Supremo ya ha declarado ilegal. La intención, según la letrada, es ahorrarse un «procedimiento administrativo que supondría muchos años, la declaración de ilegalidad y, además, un procedimiento civil cuando la ley de enjuiciamiento en principio prevé mecanismos para que el juez civil conozca de todo».

Según la letrada de Ausbanc, si bien las viviendas de los PAU Z-10 y Z-11 no han sido declarados ilegales, «lo son y se les ha dado apariencia de legalidad. Hay pronunciamientos de autoridades, funcionarios y órganos administrativos declarando que son ilegales, como, por ejemplo, de la Confederación Hidrográfica del Tajo o diversos informes relativos al impacto ambiental». Teniendo en cuenta estos informes, así como la referencia del PAU Z-9, Ausbanc pedirá al juez civil que declare la ilegalidad de dichos inmuebles para que los propietarios puedan devolver sus casas y recuperar el dinero pagado como hipoteca de una propiedad «ilegal».

Cámara afirmó que están estudiando todas las vías jurídicas, pero que por ahora solo se van a interponer contra Banco Caja Castilla-La Mancha por entender «que ha financiado toda la actividad de promoción de unas viviendas que eran ilegales dándoles apariencia de legalidad, con lo que se han saltado la ley de regulación del mercado hipotecario que se refiere a viviendas legales». Las hipotecas subrogadas van de los 90.000 a los 120.000 euros, pero, como ha dicho la abogada de Ausbanc, «solo reclamamos la parte del préstamo contaminada, la que estaba destinada a comprar una vivienda que es ilegal».