Un millón de multas sin cobrar a extranjeros

Así lo ha señalado Ángel Fernández, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con motivo de la presentación de un acuerdo con la Diputación Provincial para activar un servicio de cobros de sanciones de tráfico a infractores residentes fuera de España y que no conllevará ningún coste para los ayuntamientos malagueños.

Se trata de un servicio puesto en marcha por la propia FEMP al que se han adherido unos 50 municipios españoles gestionado por la empresa NIVI Gestiones , que trabaja con 600 entidades locales en toda Europa y ha logrado recuperar 75 millones de euros en Italia por infracciones de ciudadanos extranjeros.

Fernández ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para lograr la recaudación de estos efectos impagados, como la que se establece entre la FEMP y las entidades locales con la empresa que en Palma de Mallorca, pionera del proyecto, ha recuperado el 73 por ciento de las infracciones.

Según la directora de NIVI Gestiones, Ana Sánchez, la empresa tiene un porcentaje de recuperación en torno al 65 por ciento . Y es que el servicio ha creado una red de relaciones diplomáticas con los estados miembros de la Unión Europea que ha permitido crear un principio de reciprocidad para que el infractor abone la multa.

La clave del servicio es el acceso a los datos que permiten localizar a los infractores dentro del ámbito de trabajo , notificándole en su lengua la multa que el municipio o entidad impone a un ciudadano con residencia en el extranjero.

España es uno de los principales receptores de turistas del mundo y, según la directora de la empresa de cobros de multas, de las 16 millones de infracciones de tráfico que se registran en España, como mínimo el 20 por ciento corresponden a extranjeros .

A su vez, la Costa del Sol es un de los focos turísticos internacionales y, según datos del Patronato de Recaudación, entre 2007 y 2013 no se habrían podido tramitar 22.400 multas a extranjeros, que suman un total de 1.962.237 euros, a los que añadir 14.767 expedientes no iniciados por tratarse de coches de matrícula no española, estos por valor de 1.003.090 euros.