El Parlamento solicita al Estado la transferencia de la autopista AP-9

Sin embargo, este martes el hemiciclo en pleno se posicionó a favor de llevar a cabo esta petición a través de una proposición no de ley que se elevará, posteriormente, al Congreso. Un procedimiento lento que , de hecho, no llegará a tiempo de esta legislatura de Mariano Rajoy.

La encargada de defender la proposición fue la diputada del BNG Ana Pontón , quien responsabilizó al Gobierno gallego del «fracaso» en la consecución de transferencias. «¿No se las dan o no se las piden?», se preguntó. La parlamentaria repasó los números de la concesionaria Audasa , con beneficios que, según puso encima de la mesa, sobrepasaron –al superar los 2.250 millones de euros recaudados– la inversión hecha. También aportó datos sobre la recaudación de los peajes , que supusieron, expuso, el 7,6 por ciento del total ingresado por este tipo de tasas en todo el Estado.

Los portavoces de todos los grupos recordaron que se trata de una vía «vertebradora» de Galicia, que transcurre íntegramente en territorio autonómic o, aunque un informe esgrimido por el Ministerio de Fomento para rechazar este traspaso se apoyaba en que la AP-9 llegaba a la frontera con Portugal y, por lo tanto, era «estratégica» para el Estado . Por su parte, el diputado popular Alejandro Gómez Alonso defendió que su partido tiene «personalidad política» y que, al igual que en 2006, iba a apoyar esta iniciativa en Galicia, pese a que entonces fue rechazada una similar presentada por su grupo por parte de los partidos que sustentaban el bipartito.

La Xunta, tras ser aprobada la ley en el Parlamento, abonará en el mes de octubre el 25 por ciento de la paga extra de 2012 a los funcionarios. El conselleiro de Facenda justificó la decisión debido al «crecimiento económico» y a que «la Xunta ha hecho los deberes». En su intervención, Valeriano Martínez destacó que es intención del Gobierno devolver el resto de la paga retirada en 2012 en el año 2016.

La oposición pidió el reintegró total y acusó al Ejecutivo de Feijóo de «maltratar» a los funcionarios.