La UDEF ve «patente» tráfico de influencias en las adjudicaciones

Según figura en uno de los informes policiales incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Ep, la documentación intervenida , junto con las escuchas telefónicas realizadas, permiten concluir que la obra de ampliación del puesto de control anexo al escáner de contenedores (adjudicada en diciembre de 2013 a Eiriña por algo más de 26.000 euros, sin incluir el IVA) se tramitó de forma irregular.

En primer lugar, la versión policial hace constar que, para dotar al procedimiento de «apariencia de legalidad» , se le solicita a Eiriña que entregue dos presupuestos de otras tantas firmas. Así, la empresa de Enrique Alonso Pais, uno de los principales imputados en la causa, consigue que haya otras dos ofertas en liza por la obra, a sabiendas de que serán más bajas que la suya.

En las escuchas telefónicas, la UDEF refleja conversaciones del directivo de Eiriña, Jaime Alvariñas (también imputado), con el jefe de la División de Proyectos del Puerto, Enrique E.P., en las que supuestamente hablan de la forma de amañar el procedimiento para beneficiar a la constructora.

Asimismo, constan en el sumario afirmaciones de Alonso Pais sobre supuestos encuentros con el presidente del Puerto, Ignacio López Chaves, sobre el que «habría ejercido presiones» , según la Policía, para agilizar esa obra. «...Estuve con el presidente, que el tema del Puerto ese va para adelante...», le traslada Alonso Pais a su socio en una conversación telefónica en octubre del año 2013.

Pero además de la adjudicación en sí, los responsables de Eiriña mantuvieron varias conversaciones relacionadas con una supuesta deuda de 2.000 euros de una obra anterior . Según deduce la Policía, la empresa tenía pendiente de cobro esa cantidad por una obra anterior, la instalación de un escáner de contenedores . De las palabras de Jaime Alvariñas, así como de la documentación intervenida, la Instrucción infiere que, finalmente, Eiriña logró «inflar» el presupuesto de la obra de ampliación del anexo al escáner para recuperar esos 2.000 euros.

Por otra parte, las conversaciones telefónicas reflejan también la preocupación de Alvariñas por el hecho de que la empresa consigue muchas adjudicaciones en 2013, y prevé también mucha carga de trabajo en 2014. Así, en una llamada a Alonso Pais el 15 de octubre de 2013, le dice: «En Vigo tengo que cortar, hay que cortar porque si no, vamos a tener un problema gordo».

Entre las reacciones de los representantes políticos que se están sucediendo en los últimos días , este jueves destacaron las provenientes del PP. El líder de la formación en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que entiende que todas las actuaciones acometidas desde la Xunta fueron con arreglo a derecho, y zanjó la cuestión apuntando que «si algún juez tiene alguna duda de ello, estoy a su disposición».

Por su parte, la portavoz del grupo municipal popular vigués, Elena Muñoz , trasladó ayer en relación al caso su respeto a la actuación de la Justicia y a la presunción de inocencia «de todo el mundo», si bien pidió que desde el Consistorio olívico «se den explicaciones» y se pongan en marcha mecanismos de control de las contrataciones. En un sentido similar, Elena Muñoz ya pidió esta semana la creación de una auditoría de las licencias para transparentar los procesos de adjudicación.