Los altos cargos deberán rendir cuentas dos años después del cese

Pese a que de la nueva regulación ya se conocían algunas de las líneas maestras , Feijóo detalló alguna de las medidas que marcan los grandes cambios con respecto a la situación anterior y referentes al resto de comunidades españolas. En este sentido, hizo especial hincapié en el nuevo régimen de incompatibilidades que se establecerá entre todos los altos cargos — y no solo entre los miembros del Gobierno— de la administración gallega el control público al que podrán ser sometidos por los ciudadanos. Sobre este punto, anunció que se harán públicas sus situaciones patrimoniales tanto en el momento de su nombramiento como en el del cese.

Además, con el fin de poder contrastar la trayectoria profesional del designado e identificar el peligro de supuestas irregularidades, también se deberá dar a conocer la relación de actividades que haya desempeñado cada uno de ellos en los dos años previos a su nombramiento, e introduce el deber de abstención en asuntos sobre entidades privadas de las que formase parte en ese periodo.

Pero no solo deberán dar explicaciones del antes y del durante del transcurso de su cargo, sino que en los dos años posteriores al abandono de su puesto también deberán informar a la Oficina de Incompatibilidades de cualquier actividad profesional que vayan a realizar. Después de que este organismo emita un informe favorable, está decisión también será publicada.

Como señaló el presidente autonómico, la intención de la administración que lidera es crear un Portal de Transparencia con «una amplia gama de información» entre la que se encuentran las leyes en vigor, relaciones de puestos de trabajo y organismos dependientes de la Xunta o los órganos colegiados asociados a cada departamento. Esta herramienta también se podrá utilizar para el control de la gestión económica del Ejecutivo, ya que también se darán a conocer las cifras de deuda pública en cada momento o el plazo medio de pago a proveedores.

Uno de los capítulos más novedosos del texto es el que pretende dar respuesta a una situación que resulta siempre controvertida, el traspaso de poderes entre gobiernos y el papel de los que están en funciones. Tras la entrada en vigor de la nueva ley, estas competencias estarán delimitadas , de modo que los ejecutivos salientes no podrán enviar proyectos legislativos al Parlamento, autorizar convenios con otras administraciones, adquirir compromisos de gasto o aprobar convocatorias ni modificaciones de empleo público. En el mismo sentido, cada departamento deberá emitir informes de situación de su área y se estipulan las sanciones para aquellos que no cumplan.