Los sindicatos denuncian la ilegalidad del 100% de los contratos lácteos

Por ello, han presentado una denuncia en el registro general de la Xunta y han anunciado otra ante el Ministerio de Agricultura, para que se declare la nulidad de estos contratos, pongan fin a esta práctica y exijan las responsabilidades y sanciones correspondientes.

En su escrito, las organizaciones agrarias denuncian la ausencia de negociación e imposición de condiciones por parte de la industria y primeros compradores, cuando el decreto que regula esta actividad «impone que todos los elementos del contrato deberán ser libremente negociados por las partes», para lo que las empresas receptoras deben formalizar una oferta con una antelación mínima de dos meses.

Por el contrario, no hay traslado de una oferta para su negociación, «sino imposición de contratos cerrados para la adhesión del ganadero, que solo puede optar por aceptar o enfrentarse a la posibilidad cierta de no poder vender su producción de leche».

Resaltan que «ello se puede comprobar a través de la comparación de las ofertas iniciales presentadas y los contratos efectivamente firmados».

También denuncian la «imposición de la renuncia a la duración mínima de un año», que debe ser voluntariamente aceptada por el ganadero, pero que ya le es entregada por las industrias y primeros compradores junto con la oferta.

En este apartado, adjuntan documentos de diversas empresas, Lactalis, Industrias Lácteas Asturianas, Leite Celta y Lácteos Casa Macán, en los que la renuncia ya viene cubierta con los datos del productor, o se acompaña de un modelo de renuncia, o de una nota informativa en la que se recuerda la «obligación» de suscribirla.

Uno de los procedimientos que denuncian es el «chantaje» al productor, al que se le ofrecen precios anormalmente bajos para el contrato de un año, «haciéndoles saber que solo incrementarán este precio si acceden al establecimiento de un plazo menor, acorde a los intereses de la industria».

Los sindicatos le indican a la Xunta en el escrito presentado hoy en el Registro General que, además de las pruebas documentales aportadas, proponen «la práctica de prueba testifical, que se podrá llevar a cabo en cuanto por esta administración se garanticen las condiciones de confidencialidad para aquellas personas que deben declarar como testigos».

Otro de los aspectos que denuncian es la «indeterminación del precio en los contratos» y recuerdan que la normativa estipula que, en caso en que el precio establecido en el contrato sea variable, deberá referenciarse a parámetros «objetivos», «verificables», «no manipulables» y procedentes de fuentes públicas y accesibles por las partes.

Así, subrayan que esta previsión es infringida por la conducta de importantes operadores, como Logística Alimentaria, que establece un precio para el 80% en referencia al precio medio de la leche en Galicia y el resto, al de la manteca y leche en polvo, a pesar de que ese volumen va a la misma cisterna y al mercado como el resto de la leche.

Tras exponer otros ejemplos, resaltan que se trata de un «doble incumplimiento de la norma», ya que se trata de parámetros sobre los que tiene capacidad de influir la propia industria, dado el volumen que estas empresas recogen que, en el caso de Lactalis, es la cuarta parte de toda la leche cruda que se comercializa en Galicia, «por lo que es claro su poder de manipulación en el establecimiento de los precios».

Además, «no se determina la fórmula de cálculo», como es el caso de Logística, que establece el precio variable en función de la cotización de dos productos industriales, la manteca y la leche en polvo, «sin indicar el peso de cada uno de ellos».

El cuarto apartado de la denuncia se refiere a la oferta de «precios escandalosamente bajos, que de ningún modo encuentran justificación en la realidad del mercado» y, a modo de ejemplo, entre los «muchos» de que disponen cita Industrias Lácteas Asturianas, a 20 céntimos/litro; Leitigal, 21,13 céntimos; Lácteos Hermanos López, a 22 céntimos; e Iparlat Sual, a 25 céntimos el litro.

Por ello, los sindicatos presentaron la denuncia entregada hoy en la Xunta, que firman los secretarios generales Roberto García (UUAA), Francisco Bello (XXAA) y Isabel Vilalba (SLG).