«Avanzar en transparencia es la base para combatir la corrupción política»

—¿La reforma de la ley que regula el Consello de Contas es necesaria?

—Hace un par de años, el entonces fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, en una comparecencia en el Parlamento, planteó la posibilidad de atribuir al Consello de Contas competencias en materia de prevención de la corrupción, en línea de una reforma acometida en Portugal por la que se creaba en su Tribunal de Cuentas una sección específica para esta materia. Posteriormente, yo mismo hablé de esa posibilidad, y siendo consciente de que nuestra función principal es la de fiscalizar las cuentas públicas, lo cierto es que tenemos acceso a una información que puede detectar que en algunas zonas existe un mayor riesgo de corrupción que en otras. Por lo tanto, parece razonable aprovechar esta posición. Ahora mismo estamos analizando el texto con detalle y presentaremos las propuestas convenientes para aportar a su mejora.

—¿Y cuáles son esas zonas de riesgo de corrupción?

—Quizá podríamos apuntar sobre todo a actividades y procesos concretos. Por ejemplo, la contratación, porque en la medida que se soslayen los principios de publicidad o libre concurrencia se pueden generar irregularidades. Otro punto es el referido al personal, ya que también es susceptible que se vulneren cuestiones como el mérito o la capacidad. Sobre esto, nuestras recomendaciones ya van dirigidas a la eliminación del fraccionamiento de contratos y al respeto escrupuloso de los procesos de contratación. Por último, es innegable a la luz de lo visto en lo últimos tiempos, que los cursos de formación han sido otro de los lugares donde se han observado irregularidades.

—¿Cree positivo que se enmarque esta reforma dentro de las cinco leyes de «impulso democrático» de la Xunta?

—Más allá de valoraciones que puedan parecer partidistas, lo que creo que es necesario hoy es avanzar en transparencia en la gestión de las administraciones públicas, en el establecimiento de cauces de participación ciudadana y en la lucha contra la corrupción. Todo lo que sea avanzar en este signo es positivo, venga de donde venga. La transparencia es fundamental, es el método preventivo básico. Si los ciudadanos pueden ver de dónde se ingresa y dónde se gasta cada euro, no existe la posibilidad de que haya fraude. Los países que desde hace años tienen implantadas leyes de este tipo son los menos corruptos. El problema de España es que la nuestra entró en vigor hace cuatro días.

—¿Pero el problema es el sistema o los que participan en él?

—Nuestro sistema, la democracia parlamentaria, no es cuestionable, y nuestra democracia va a salir de esta situación difícil reforzada. A veces hay personas que se quieren valer del sistema para beneficiarse ilegalmente, por lo que hay que corregir los errores que les permiten hacerlo.

—Quizá la corrupción ha preocupado más a los ciudadanos en los últimos años por la crisis económica. ¿Cree que se mantendrá esta atención cuando la situación mejore?

—Mi opinión es que la situación socioeconómica actual, unida a una serie de casos escandalosos que han salido a la luz, han creado un estado de opinión de crispación entre la gente. Si bien, creo que cuando los ciudadanos empiecen a percibir que la lucha contra la corrupción es efectiva, así como que la economía mejora, este estado se relajará en buena medida porque se reducirán las irregularidades.

—Feijóo señaló esta semana que la financiación de los partidos es una de las cuentas pendientes de la democracia española.

—Sin ninguna duda. Yo escribí artículos hace casi una década donde lo decía, cuando era diputado. Desde esa época se ha avanzado, pero una vez más se debe introducir transparencia en la cuestión sin ningún tipo de cortapisa. La mayoría de la gente metida en política es honrada, pero la opacidad favorece que se cometan fechorías.

—¿Cómo se controla y se combate la contabilidad B de un partido?

—Primeramente, Contas no es un órgano de lucha contra la corrupción, eso corresponde a otros, Policía y Justicia. Nosotros fiscalizamos las cuentas que nos entregan y, evidentemente, si existe contabilidad B no nos llega. Pero insisto en que si obligamos a los partidos a que declaren de dónde viene y a dónde va cada euro que les llega no existiría la posibilidad de unas cuentas paralelas. En España, hasta hace poco tiempo, las donaciones privadas de menos de 10 millones de pesetas no había ni que declararlas. Eso es lo que no puede ser. Del mismo modo, hay donaciones que no son aceptables, como que una empresa que consigue concesiones públicas done dinero a un partido.

—Pero en países como Estados Unidos la financiación es privada, mediante donaciones y cuotas de afiliados y no hay problemas.

—Porque tiene una filosofía diferente. Aquí se da por hecho que los partidos deben recibir fondos públicos. Allá, una empresa puede financiar la campaña de un político, pero son datos públicos y luego los ciudadanos fiscalizan a fondo el comportamiento del gobierno con esa empresa. Tengo mis dudas de que pudiésemos importar su modelo al completo.

—¿Cree que para acometer las nuevas competencias que asumirá Contas requerirán de más recursos?

—El hecho de que ahora se nos quieran atribuir más competencias es un reconocimiento a la labor de cada uno de los trabajadores, en el que coinciden todos los grupos. Aquí no tenemos recursos ociosos. Nosotros debemos hacer cada año un informe de las cuentas generales de la administración, del sector público, del Sergas, de la administración local, de los Fondos Europeos y de las subvenciones del Estado. Este año hemos emitido un total de 40 informes, porque examinamos las cuentas del Igape, las universidades, las Cámaras de Comercio, etc. Si asumimos nuevas competencias las actuales las deberemos acometer con menos intensidad. Una vez aprobado el texto definitivo, el Parlamento deberá decidir.

—¿Se ha incrementado la concienciación de los concellos en la rendición de cuentas?

—Sin duda. Muchas veces los concellos pequeños tienen problemas de recursos incluso para cumplir en esta cuestión, pero si antes un tercio de ellos no lo hacían, en el último ejercicio rindieron todos. En este sentido, la creación de una plataforma informática y la publicación de los que no rendían han influido mucho. Quizá también deberíamos volver a debatir sobre si los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes deberían existir o intentar racionalizar más profundamente la administración local.