La Xunta carga contra los operadores y busca abaratar los combustibles

Feijóo centró su discurso en la denuncia de que «no existe ninguna razón objetiva» para que en la Comunidad se pague más por los hidrocarburos que en otras españolas, siendo además una de las pocas en cuyo territorio se encuentra una refinería. Del mismo modo, enfocó su crítica hacia las grandes empresas, y señaló un pacto como causa del elevado precio en Galicia. De hecho, incidió especialmente en que «no es un ataque hacia las estaciones de servicio», sino en que las actuaciones están dirigidas hacia quienes fijan el importe.

A pesar de que la realidad es que buena parte de lo que el usuario paga finalmente por los combustibles se debe a la elevada carga impositiva sobre los mismos, Feijóo desechó este argumento como origen de las diferencias con otras regiones españolas y constató que «las cinco con el gasóleo más barato tienen la misma fiscalidad que Galicia», así que las medidas presentadas ayer buscarán la convergencia con estas.

El titular de la Xunta anunció también el fortalecimiento de las medidas de control sobre dichas corporaciones para que no incumplan la normativa estatal alrededor de que ninguna de ellas pueda acaparar más de un 30 por ciento de la cuota de mercado de la provincia. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo pondrá la situación en conocimiento del Ministerio de Industria para que proceda a las sanciones pertinentes. Sobre este punto, valoró que el aumento de la competencia pasa por impulsar a las pequeñas compañías. «Desde 2013 en Galicia se han abierto 16 gasolineras, de las cuales 11 son de operadoras independientes», señaló el presidente, que entendió este hecho como un indicio de que «el mercado está captando el mensaje».

En la comparecencia de ayer también participó el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, presentando la futura ley de Patrimonio, que sustituirá a la actual, de 1995. Entre las principales novedades del texto se encuentran que contemplará la posibilidad de que los ayuntamientos que lo requieran puedan intervenir en su conservación y aumentar así su «autonomía y responsabilidad» en este ámbito.

Rodríguez desgranó las nuevas clasificaciones de los bienes, que se dividirán en aquellos de «interés cultural» (BIC) y «catalogados». En este sentido, se estipulan diferentes niveles de protección: integral, estructural y ambiental; y se lanzan herramientas de registro como el censo de bienes patrimoniales, que los recogerá a todos, y los catálogos que harán lo propio con aquellos a nivel municipal. Además, subrayó la necesidad de «actualización» de la antigua normativa en el reconocimiento de tipos de patrimonio que hasta ahora no estaban contemplados como el inmaterial, el subacuático, el industrial y el científico.