Indemnizaciones incobrables

El desenlace de la llamada «operación Muralla» se ha sustanciado, como el entremés de don Melchor Zapata, en un nada entre dos platos, sin que los delirios justicieros llegasen a imponerse a los razonamientos jurídicos de la sección segunda de la Audiencia de Lugo. Es posible que el sobreseimiento libre de la causa haya satisfecho al anterior presidente de la Diputación Provincial, Francisco Cacharro, durante años zarandeado mediáticamente con motivo (o con pretexto) de un asunto ahora liquidado por auto de fecha 16 de enero de 2015. Cabría preguntarse, sin embargo, por quién y cómo va a ser resarcido el señor Cacharro de los daños inferidos a ese capital intangible que es la honorabilidad.

Nunca he logrado entender la fortaleza jurídica de un sistema que permite desahuciar a la familia de un parado y, en cambio, deja en completa impunidad a jueces y fiscales en cuyas actuaciones pesa, más que la razón y las leyes, el capricho o la animosidad personal. Ya sabemos que nada hay que más satisfaga a los españoles que ver a un político zaherido en las portadas de los periódicos, y que el máximo placer que puede experimentar un patriota es el de asistir a la puesta en funcionamiento de la guillotina eléctrica en la plaza mayor de cada capital de provincia. Son querencias propias de un país que ha hecho de la política sucia su única política. Lo malo es que esa basura está a punto de contaminarlo todo: lo mismo la blusa de un albañil que la toga de un magistrado.