La defensa de Castiñeiras carga contra el juez Taín para anular todo el proceso

Con gesto serio y cabizbajo, el exelectricista de la Catedral evitó hacer declaraciones a la nube de medios que esperaban su llegada y accedió, clavando la mirada en el suelo, a la sala de la sección sexta de la Audiencia Provincial donde será juzgado. En la primera de las sesiones del juicio, dedicada a la resolución de las cuestiones preliminares planteadas por la defensa, la abogada de Castiñeiras se afanó en demostrar que la instrucción dirigida por el juez José Antonio Vázquez Taín «es un manual de cómo vulnerar de forma palmaria los derechos recogidos en la Constitución». Durante las dos horas que duró su intervención, Carmen Ventoso expuso las razones por las que considera que el proceso abierto contra su cliente debería invalidarse. Lo hizo apelando a la «Teoría del fruto del árbol envenenado», que contempla que la nulidad de determinadas pruebas habría viciado y, por ende, invalidado todo el proceso.

En base a esta doctrina, Ventoso trató de deshacerse de un plumazo de las pruebas de cargo que figuran contra su defendido, entre las que se incluyen las grabaciones que muestran al electricista saqueando dinero de uno de los armarios del despacho del administrador de la Catedral o el propio registro del garaje en el que se halló el manuscrito medieval. En su alocución, la defensa del ladrón confeso del robo afirmó que Castiñeiras fue arrestado ilegalmente y que los registros efectuados en su domicilio —durante los que los agentes hallaron más de 1,7 millones de euros repartidos en diferentes estancias— son nulos «porque la orden caducaba a las cinco de la tarde y se extendió hasta las siete».

Con el foco puesto en la actuación del instructor del caso, Ventoso releyó la transcripción del interrogatorio al que Castiñeiras fue sometido para hacer constar «los comentarios fuera de lugar y carentes de respeto» de Taín. «Sus preguntas fueron capciosas y despectivas» llegó a afirmar la abogada ante el tribunal encargado de dilucidar la responsabilidad del exelectricista en el caso. Como prueba, la letrada citó una frase del juez en la que éste le espetaba al detenido: «Usted solo entiende el castellano cuando es antiguo. Con esta actitud de estoy a punto de morirme es capaz de marearnos a todos». La exposición de la defensa, empeñada en echar abajo el proceso basándose en la nulidad de las pruebas contra el ladrón confeso, fue respondida por el fiscal del caso, que objetó que muchas de las cuestiones planteadas (la causa suma más de un centenar de recursos) «ya han sido recurridas y resueltas». Para Antonio Roma, representante del Ministerio fiscal, la declaración autoinculpatoria de Manuel Castiñeiras es un extremo «que no podemos olvidar».

El fiscal tampoco evitó replicar la violación de la intimidad esgrimida por la defensa en cuanto a las grabaciones protagonizadas por el extrabajador de la Catedral tanto en el despacho del administrador como en el claustro del templo. Según la letrada del autor confeso, la falta de un cartel que anunciase la presencia de cámaras de vigilancia vulnera la Ley de protección de datos. Según el fiscal, «eso es lo mismo que si yo pongo una cámara en mi casa, graba a un ladrón y él dice que vulnero su intimidad».

Roma también aprovechó su primera intervención para poner el acento sobre algunas de las acusaciones que se desprendieron del alegato de la letrada de Castiñeiras, que deslizó que las imágenes del exelectricista en el despacho podrían estar manipuladas y que la instalación de micros en el domicilio del acusado podría haberse aprovechado para «manipular papeles o incluso llevarse alguna cosa». En la misma línea se manifestó el letrado de la acusación particular, representada por el propio cabildo de la Catedral de Santiago, que empezó su intervención aclarando que «la discusión sobre la imparcialidad del juez no va a ser parte de la sala». José Antonio Montero, que eleva la petición de pena para el acusado a 31 años de cárcel, rechazó que las preguntas planteadas por Taín hubiesen sido injustas y recordó que Castiñeiras — que en el momento de su detención portaba 4.200 euros en el bolsillo— «tenía pleno conocimiento de los hechos que se le estaban imputando».

A propósito de la documentación intervenida al exelectricista, sobre la que Ventoso expuso que no se ajusta a la Constitución porque habla de «dos pilas de folios», Montero señaló que reseñar todo ese material «es como reseñar todos los archivos de un PC porque es una cantidad ingente». Lo mismo ocurre con el dinero encontrado que, en palabras de Roma, «habría que ver cómo se puede reseñar tanta cantidad de dinero, porque si lo hace la Policía aún no se habría terminado de hacer el primero de los registros». Con las exposiciones de las tres partes sobre la mesa, Fiscalía y acusación particular pidieron que las pruebas planteadas sean consideradas válidas y, por tanto, sean enjuiciadas.

El juicio se retomará esta mañana con la valoración del tribunal a las cuestiones preliminares planteadas. Con posterioridad a la decisión del juez, la sala escuchará la declaración de Castiñeiras, de su esposa y de su hijo. Mañana será el turno del antiguo deán de la Catedral, supuesto centro de las iras del ladrón confeso y presunto objetivo de su venganza. El proceso, que se desarrolla en un salón de bodas habilitado a tal efecto, se prolongará durante 21 sesiones.