«No» de la oposición a la ley de accesibilidad pese a incluir más de 120 de sus propuestas

La ley renueva sanciones y amplía los lugares de uso común que deberán cumplirla. En esa clasificación están a partir de este momento los dedicados a fines sociales, recreativos, deportivos, culturales, educativos, comerciales, administrativos, asistenciales, residenciales, religiosos o sanitarios. De igual modo, tendrán que mejorarse los llamados «itinerarios accesibles» tanto en lo referente a su diseño como a la señalización para conectar los exteriores de las parcelas y las entradas a los edificios en residencias privadas, incluidos los garajes. «Los accesos a todo edificio deberán garantizar la accesibilidad al interior de los mismos mediante itinerarios accesibles fácilmente localizables que lo comuniquen con la vía pública y con plazas accesibles de aparcamiento», recoge.

La accesibilidad deberá llegar también forzosamente al ámbito de la comunicación, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para «superar barreras menos visibles», según detalló la diputada del PP, Marta Rodríguez Arias que defendió la ley. Se fomentará, además, la formación de profesionales de la administración pública en lengua de signos.

Se incrementa el porcentaje de reserva de viviendas adaptadas (en las de promoción pública pasará del 3 al 4 por ciento) y se garantiza el número de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.