El alcalde de Caldas sortea «por decreto» decenas de informes técnicos negativos

El 14 de noviembre de 2012 uno de esos documentos municipales puede dar la primera explicación a tanta prudencia. Si la transparencia imperase, los vecinos de Caldas podrían haber leído lo siguiente: «Aprobación de la adjudicación del expediente de contratación mediante procedimiento negociado y sin publicidad, del servicio de asesoramiento jurídico de la oficina técnica de urbanismo». Es el primero de los muchos documentos que repiten similar estructura.

El encabezamiento es siempre: «Decreto de Alcaldía». En la descripción de los antecedentes se repiten dos asertos: «informe desfavorable de la Secretaría con fecha...» e «informe desfavorable de Intervención con fecha...». Un tercer enunciado completa decenas de licencias urbanísticas: «Resolución de la alcaldía por la que se aprueba...». La fórmula del «decreto» esquiva así, casi rutinariamente, informes negativos de Secretaría e Intervención.

La propia contratación del personal que asesora técnica y jurídicamente a la Concejalía de Urbanismo, principal beneficiaria de los decretos de Alcaldía, hubo de servirse de la aprobación «por decreto» al observarse ciertos defectos por parte de los citados organismos de control. El «procedimiento negociado y sin publicidad» que, vía decreto, sirvió a Rey para «invitar a tres personas físicas capacitadas para la realización del trabajo», siempre según su propio criterio, contó con sendos informes desfavorables. El de la Secretaría, fechado el 16 de noviembre de 2012, señala que «una necesidad permanente, se trata de solventar con la formalización de un contrato administrativo de servicios», es decir, que una plaza que debería ser cubierta por un funcionario, mediante concurso de méritos con publicidad, se otorga prácticamente «a dedo», limitando la convocatoria a tres personas. «La administración pública [...], para seleccionar a su personal, no puede actuar como cualquier otro empresario», reprocha el informe, cuestión que el alcalde socialista soslaya «por decreto».

Los peros a la operación saltan en la oficina de Intervención al ámbito económico. Si bien la cantidad anual se ajusta a la hora de no sobrepasar los límites presupuestarios —la oferta del alcalde es de 14.104,73 euros anuales—, la prórroga por defecto del contrato resuelto por Rey hace que el coste final del servicio ascienda a 46.627,20 euros más el IVA correspondiente (9.791,71), cantidad que obliga a la administración local a haber hecho un concurso abierto y con publicidad.

Similares características se dan con la contratación de un arquitecto para asesorar técnicamente a Urbanismo, por 17.999 euros (un céntimo por debajo del límite legal). El regidor ignora, con un nuevo decreto, el texto conjunto que, en contra del desembolso, emiten Secretaría e Intervención. Rey resuelve «levantar el reparo de legalidad» de ambos filtros de control. A partir de entonces, sucesivos decretos permiten decenas de obras de diferente magnitud pese a contar con informes en contra. El regidor socialista ya protagonizó un escándalo urbanístico en 2011, al admitir que su casa de residencia ocasional carecía de licencias.