El histórico barón orensano se enfrenta desde hoy a 10 años de inhabilitación

El exbarón orensano se enfrenta a diez años de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público, en base a la petición del Ministerio Público; pena que el colectivo Manos Limpias rebaja a nueve años y medio. Menos benevolente es el escrito de acusación del PSdeG, que añade a las peticiones anteriores seis años de cárcel y una multa que asciende a 219.000 euros por un delito de falsedad de documento público, y tres años de inhabilitación y 109.500 euros por malversación de fondos públicos. Además, los socialistas exigen el pago de una responsabilidad civil por importe del coste total de los 104 contratos que firmó (salarios, cotizaciones y cualquier emolumento derivado).

Más de medio centenar de testigos están llamados a comparecer la semana que empieza en el Juzgado de lo Penal número 1 de Orense, que dirige Catalina González Fernández, a raíz de la investigación abierta al que fuera durante 22 años presidente de la Diputación provincial en As Burgas.

Las contrataciones por las que Baltar Pumar ha sido objeto de este proceso judicial se remontan a 2010, en fechas previas a la celebración de un polémico congreso provincial del Partido Popular en el que el hijo del veterano dirigente, Manuel Baltar, se hizo con la presidencia.

No fue hasta enero de 2013 cuando el fiscal jefe de Orense, Florentino Delgado, dio validez a la una denuncia del PSOE de dos años antes y presentó una querella contra el expresidente de la institución provincial, para el que pide la pena máxima de 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en relación a los 104 contratos investigados.

Contrataciones que, según el escrito del Ministerio Público, «se realizaron con ausencia del procedimiento de contratación en los términos que exige el ordenamiento jurídico», y «prescindiendo de todo principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con desprecio absoluto por la Ley de Régimen Local». Denominador común en la mayoría de los casos es la ausencia, según recoge la Fiscalía, del «expediente de contratación» y «una petición a la presidencia por parte de los responsables de los diferentes servicios a los que finalmente fueron asignadas las personas contratadas».

En septiembre de 2013, después de que pasaran por el Juzgado de Instrucción número 1 de Orense Baltar Pumar, los cuatro jefes de servicio que solicitaron el personal para sus departamentos y un exinterventor de la Diputación —entre otros, su titular, Leonardo Álvarez—, daba por cerrada la investigación a través de un auto en el que decretó la apertura de juicio oral en 2014.

En todo caso, el juez señala, en respuesta al escrito de acusación del PSdeG, que el «único delito imputado» a José Luis Baltar es el de prevaricación, «por lo que no cabe instar diligencias orientadas a investigar hechos no imputados», y tampoco considera que el delito de prevaricación deba tener derivado el pago de responsabilidad civil.

Ahora, quien se autoproclamó como «cacique bueno», tendrá que convencer al jurado de su inocencia o asumir que cometió las irregularidades que se le imputan.