Ángel Currás defiende que los ediles imputados no dimitan «mientras no haya una sentencia»

En este sentido, y preguntado por si en el caso de estos concejales el regidor pide una excepción al PP en la aplicación de medidas recogidas en su código ético, Currás ha respondido afirmativamente al respecto. El PP prevé en sus estatutos abrir un expediente informativo contra cargos con imputaciones judiciales, que se transforma en disciplinario en el caso en que se produzca señalamiento de juicio oral y se resuelve cuando finaliza el procedimiento judicial con la correspondiente sentencia.

Así, el expediente disciplinario incluye el matiz de que la resolución final tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, haya un sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial, con lo que en la situación actual los concejales imputados por prevaricación se podrán mantener en tanto cuenten con el respaldo de los dirigentes del partido.

En el caso de Santiago, ahora el correspondiente juzgado de lo penal tendrá que fijar la fecha del juicio oral y también falta la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso presentado por los siete concejales. Por ahora, y de nuevo este martes, el alcalde, Ángel Currás, ha mantenido la presunción de inocencia de los ediles imputados en esta causa y lo ha argumentado en base a la «duda razonable» de que los ediles reunidos en junta de gobierno -ese día el regidor no participó en ella- se pusieran de acuerdo para acordar «una decisión arbitraria», pagar con fondos de las armas municipales la defensa al edil Adrián Varela, imputado en la «operación Pokemon».