investigación por el disparo en el antonio gandoy
Un posible caso de nepotismo en Lugo salpica a una concejala del PSOE
El autor del disparo trabajaba para una empresa, contratada, pagada y supervisada por su madre, Carmen Basadre, como concejala de Bienestar. El gobierno niega la relación de empleos
La investigación abierta en Lugo a raíz del disparo que un trabajador se dio en una pierna en el centro de día Antonio Gandoy cuando manipulaba un arma ilegal ha dado un giro inesperado. Tras la celebración de la cuarta reunión de la comisión, creada a instancias del PP, la atención se fija ahora en un posible caso de nepotismo por parte de Carmen Basadre , quien en su día ocupaba la cartera de Bienestar Social (hoy está al frente de Cultura y Turismo), la misma que se encargó de contratar, pagar y supervisar el servicio municipal a la empresa Alalás.
Su hijo y autor del disparo , de acuerdo con un escrito remitido por el Ayuntamiento a la Xunta de Galicia en septiembre de 2009, figuraba como animador sociocultural , un puesto de trabajo que desaparecía en el pliego de contrataciones de la nueva adjudicataria aprobado el 4 de noviembre de ese mismo año.
Este hecho motivó que la empresa encargada en la contrata anterior remitiese a su sucesora un escrito en el que aclaraba que el empleado en cuestión realizaba funciones de auxiliar de geriatría y solicitaba que fuera subrogado , como así sucedió hasta que el pasado mes de agosto (coincidiendo con los hechos) la concesionaria decidió apartarlo de forma temporal.
Gerocultor y conductor
Una contratación que, de no ser ilegal, «es poco ética» al menos en opinión del PP de Lugo, que ve «anomalías» en el proceso . Sospechan los populares que el trabajador sobre el que gira la investigación podría no tener la titulación que se precisa para ejercer de gerocultor, máxime cuando varios comparecientes reconocieron en la comisión que esta persona ejercía las veces de conductor.
«La sorpresa fue mayúscula cuando el gobierno local confirmó que no está realizando los controles sobre las titulaciones y la acreditación de las personas que trabajan para las concesionarias municipales en servicios sociales», aseguró ayer la edil popular Mari Teijeiro , al tiempo que censuró que «no estamos hablando de una obra de albañilería sino de gente que trabaja con personas».
Al hilo, la concejala en la oposición de Lugo ahondó en que «el Concello, como entidad pagadora de un servicio y principal interesada en que funcione bien, está en la obligación de realizar controles a las concesionarias sin dejar el servicio exclusivamente en manos de la empresa privada». Especialmente crítica se manifestó al respecto de que se estén obviando las categorías profesionales que aparecen en los pliegos de condiciones.
«El gobierno local —que facilita los datos a la Xunta para el programa de entidades que prestan servicios sociales— debería tener la certeza de que cumplen con sus funciones, cuando es el mismo el que está suministrando esa información», apuntó Teijeiro, molesta con que e l Concello le haya negado la documentación sobre las empresas concesionarias municipales en las que trabajó el hijo de Basadre.
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