Carlos Príncipe se enfrenta a su expulsión del PSOE por actitudes «muy graves»

Este acto, celebrado el 23 de abril de 2012, fue la causa de su suspensión cautelar de militancia durante un plazo de dos años, y es el que tiene más peso en el mencionado pliego. Éste se completa con distintas declaraciones del exregidor en medios de comunicación escritos y en tertulias radiofónicas criticando al actual primer edil, Abel Caballero, y acusándolo de «mentir» sobre distintos asuntos, actitudes también entendidas como «muy graves». Para ello, la dirección del PSOE local esgrime que el Reglamento de Afiliados del PSOE establece que son faltas muy graves la «indisciplina reiterada», el «menoscabo de la imagen de los cargos públicos o instituciones socialistas» y la «actuación en contra de los acuerdos expresamente adoptados» por las directivas del partido.

Las sanciones que conllevan van desde la suspensión de militancia y la inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos y cargos públicos dependientes del partido --entre los 18 meses y los tres años-- a la expulsión del partido. Ahora, Príncipe tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar sus alegaciones, que tendrán que ser analizadas por la dirección del PSOE local antes de que Ferraz tome la decisión definitiva. En este escenario, el exalcalde vigués ha lamentado que los plazos en los que se mueve su expediente «exceden lo previsto» en el reglamento de la formación del puño y la rosa, de modo que entiende que se ha abierto contra él «una causa general sin límite temporal, violando» tanto sus derechos como los estatutos del PSOE. Además, ha advertido de que es «absolutamente antijurídico» que los hechos en los que se fundamenta la calificación de su falta sean posteriores a la apertura del expediente.

En paralelo, ha señalado que «algunas» de las acusaciones que pesan sobre él son «falsas». «El problema no es esta chapuza legal, el problema es que quienes la cometen son los mismos que gobiernan la ciudad más poblada de Galicia», ha enfatizado Príncipe, antes de plantear que «si las cometen con un afiliado, sin ningún respeto por las normas y las formas de un Estado de Derecho, pudieran estar haciendo lo mismo en la gestión de los asuntos públicos».