Los astilleros se plantean denunciar a la Comisión Europea si declara ilegales las ayudas
Álvaro Platero, presidente de Pymar - jesus Diaz

Los astilleros se plantean denunciar a la Comisión Europea si declara ilegales las ayudas

El Gobierno apura los plazos para lograr un acuerdo político con Bruselas que salve al sector naval

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El próximo miércoles 17 de julio no será un día cualquiera para los astilleros españoles, y no es para menos. La Comisión Europea tendrá que dictaminar o no la ilegalidad de las ayudas que han recibido los astilleros españoles entre los años 2005 y 2011, alrededor de 2.000 millones de euros.

En este contexto los astilleros privados, agrupados en la asociación Pymar que preside Álvaro Platero, se plantean denunciar a la Comisión Europea si el fallo les es contrario. Sus argumentos son que una carta que en 2009 escribió la entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la que negaba que el sistema de financiación español de construcción de barcos, conocido como «tax lease», fuera discriminatorio y ahora se habría cambiado de criterio.

La cuestión de fondo es que esta carta tendría valor de jusriprudencia dentro de la legislación europea, según reconoció el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que equiparó en una sentencia los efectos jurídicos de una carta escrita por un director general de la Comisión Europea con una decisión de la propia Comisión. En este caso además se trata de una misiva de una comisaria, de rango superior a un director general.

Los astilleros consideran que, en caso de que finalmente el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, declarar ilegales las ayudas a los astilleros, «iría en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y, además, sería discriminatoria ya que en en 2006 la Comisión Europea anuló un sistema similar de ayudas a la construcción de buques a Francia pero no obligó a la devolución de las ayudas de manera retroactiva».

El borrador de la decisión de la Comisión conocido la semana pasada planteaba que no fueran los astilleros los que devolvieran los mencionados 2.000 millones de euros, sino que fueran los inversores que pusieron fondos para la construcción de buques y que luego se aplicaron las correspondientes deducciones fiscales. Los argumentos de los astilleros son que «los inversores han arriesgado su dinero en el sector naval conforme a un marco jurídico, como lo arriesgan en otras actividades, y en contraprestación han obtenido una rentabilidad en términos fiscales, tal y como estaba previsto en la ley».

Huida de los inversores

Desde el punto de vista de los astilleros penalizar a los inversores y a los bancos «supondría la huida de los inversores hacia otros sectores industriales, haciendo inútil el nuevo sistema de «tax lease» aprobado por la Comisión Europea el pasado mes de noviembre».

El Gobierno, por su parte, ultima un movimiento político que incline la decisión en favor de los astilleros españoles. Hasta el momento las iniciativas políticas que se han puesto en marcha por parte del Ministerio de Industria y de las comunidades afectadas (Galicia, País Vasco y Asturias) se han topado de bruces con la negativa de Almunia a dar su brazo a torcer con el argumento de que no se ha cumplido la normativa europea.

Sin embargo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podría intentar influir en la decisión final a través del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, de la misma familia política. Este tipo de movimientos al más alto nivel, al contrario de los que pudiera parecer, son habituales en Bruselas cuando se trata de temas de calado, como es éste, del que dependen directamente 90.000 puestos de trabajo y todo un sector de actividad en zonas donde no hay demasiadas alternativas a la construcción naval.

En este momento las dos partes tienen argumentos jurídicos para defender sus respectivas posiciones, de modo que lo único que podría inclinar la balanza sería una decisión de carácter político, como ha sucedido en otros casos, y sin ir más lejos en el francés en 2006, donde no se obligó a la devolución de las ayudas.