Barberá acusa de manipulación a Compromís en su denuncia sobre los gastos

"Compromís y EU están haciendo auténticas barbaridades porque uno se queda fuera y el otro quiere llevarse el escaño", ha manifestado la alcaldesa, quien ha manifestado que la investigación abierta por la Fiscalía es una cuestión de procedimiento.

Barberá ha asegurado que Compromís está "pretendiendo engañar por el significado" de la apertura de las diligencias pues se trata de un "acto debido" que significa "lisa y llanamente la obligación de registrar la existencia de una denuncia, de cualquier denuncia".

Preguntada si esta información anunciada por Compromís puede perjudicarle en el tramo final de campaña, ha asegurado: "Los que se tienen que perjudicar son ellos por la manipulación y suciedad de campaña que están haciendo, y hay que decirlo".

La alcaldesa ha argumentado su postura ante el anuncio de Compromís a partir de un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento realizado ante la consulta del equipo de gobierno municipal, que ha leído a los periodistas excepto en su último punto.

En ese texto, se insiste en que la apertura de diligencias penales por parte de la Fiscalía ante una denuncia es "la obligación legal" de ésta, y no supone que tenga "relevancia penal alguna" pues se trata de una cuestión de procedimiento.

En ningún caso, ha reiterado, son actuaciones judiciales sino "de meros escritos de denuncia que la Fiscalía suele archivar ante la falta de un fundamento mínimo que permita mantenerlas en sede judicial".

Según la alcaldesa, la Fiscalía deberá realizar "la mínima valoración" que le permita, "como entendemos a todas luces que sucederá", decretar inmediatamente "el archivo de tan infundada denuncia".

Ha señalado que el archivo de denuncias se ha producido otras veces, como en el caso de la Japan Week, de mayo de 2014, o las denuncias de EU por la concesión de licencias en el barrio del Cabanyal.

El informe de los servicios jurídicos se refiere en su último punto a que si ha existido vulneración de las normas imperativas ha sido por parte de Compromís, que ha accedido "con toda comodidad y facilidad" a todas las facturas y ha incurrido en la vulneración del derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal.

Además, indica que incluso incurre en una presunta vulneración de normas básicas, pero de carácter penal, por revelar informaciones de las que conoce "por razón de su cargo" y de las que tiene "el deber de reserva".